Venezolanos, en el limbo

Venezolanos, en el limbo

Miles de los que ingresaron regularmente al país, por diversas circunstancias hoy están irregulares.

30 de octubre 2018 , 11:56 p.m.

Sodaisy Carvajal, venezolana nacida en Barquisimeto, se encuentra en Colombia irregularmente, pese a que ingresó al país presentando su pasaporte, el cual se le venció hace tres meses. Hoy no tiene empleo y tampoco puede acceder a uno, pues no cuenta con los respectivos permisos. Para poder regularizarse, en el mercado negro venezolano le están cobrando 500 dólares para expedirle un nuevo pasaporte.

Leonardo Alberto García, un chef venezolano, se encuentra en el limbo pues, por desconocimiento, no se inscribió en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proceso de registro concluyó el pasado 8 de junio, y ahora Leonardo no sabe cuál es su situación migratoria pues el permiso de ingreso al país ya se venció.

Manuel Alejandro Luces es un ingeniero civil venezolano que no ha podido ejercer su profesión porque no tiene cómo apostillar su título. Por ese trámite le están cobrando, en el mercado negro de Venezuela, 450 dólares. Él se acercó a una oficina de la Personería en Bogotá, pero los funcionarios no quisieron inscribirlo en el RAMV porque para esa fecha contaba con un permiso otorgado por Migración Colombia de tres meses.

Así como Sodaisy, Leonardo y Manuel, miles de venezolanos que en los últimos dos años ingresaron regularmente al país hoy permanecen, por diversas circunstancias, irregulares. Aunque el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo por apoyar la regularización de muchos venezolanos (Decreto 1288 del 25 de julio del 2018), en particular la de aquellos que ingresaron al país por las trochas y pasos fronterizos no regulares, la realidad es que en este momento un número importante de ciudadanos de ese país se encuentran en un limbo jurídico.

En julio del 2017, el Gobierno creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como un mecanismo de regularización migratoria para que los ciudadanos venezolanos que se encontraban en el país tuvieran no solo un documento de identificación y permanencia por dos años, sino también condiciones dignas para su acceso a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo.

El plazo para solicitar el PEP venció el pasado 7 de junio; sin embargo, el Gobierno extendió (según la Resolución 6370 del 1.° de agosto del 2018) su vigencia, pero solo para aquellos ciudadanos venezolanos que se inscribieron en el RAMV. Esto significa que los venezolanos que ingresaron de manera regular al país por los puestos migratorios autorizados, pero no se inscribieron en el RAMV, hoy se encuentran en situación irregular en Colombia y, lo peor, no pueden acceder a la oferta institucional.

Qué paradoja. Es urgente que el Gobierno Nacional corrija estas falencias en la normatividad y resuelva la situación de los venezolanos que ingresaron regularmente al país. La regularización migratoria es la prioridad, pues no solo permite conocer la magnitud del fenómeno, sino que también ayuda a combatir el abuso al que están expuestos estos ciudadanos por parte de algunos empresarios nacionales que los aceptan para trabajar en condiciones desiguales y sin el cumplimiento de la ley en materia de seguridad social.

Una alternativa viable para esos miles de venezolanos que hoy se encuentran en Colombia sería que se expida un nuevo decreto que corrija lo ocurrido con aquellos que para la fecha del RAMV se encontraban regulares y que en la actualidad están irregulares. Igualmente, que se realice un ajuste para que quienes cumplan con dos años de permanencia y tengan una estabilidad laboral apropiada reciban una permanencia indefinida y puedan acceder automáticamente a una vida laboral que contribuya al desarrollo de la economía del país y no genere mayores cargas fiscales.

Así mismo, se debe estudiar la posibilidad de otorgar un tratamiento especial para la convalidación de títulos profesionales, ya que los requisitos actuales son un problema adicional para cientos de personas que no pueden ejercer su profesión, ocasionando adicionalmente que esta fuerza laboral sea desaprovechada en Colombia.

Finalmente, se debe modificar la normatividad vigente frente a los PEP, con el objetivo de que no solo se atienda el fenómeno migratorio en el corto plazo, sino que realmente haga parte de una política pública migratoria que entienda que las migraciones son una verdadera oportunidad.

SERGIO BUENO AGUIRRE
* Director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz

Columnistas

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