Política migratoria, más que buenos deseos

Política migratoria, más que buenos deseos

Que la soberbia no nos lleve a desaprovechar una oportunidad para que se potencialice esta migración

16 de julio 2019 , 07:00 p.m.

Recientemente fue radicado ante la Comisión Segunda de la honorable Cámara de Representantes, para su correspondiente debate y aprobación, el proyecto de ley n.° 359 de 2019, por el cual se busca sentar las bases para una política migratoria y se dictan otras disposiciones. Con severas deficiencias técnicas, que reflejan el desconocimiento y la trascendencia de lo que significa una ley migratoria para el país, tiene en su favor haberse hecho cargo de la ausencia de una iniciativa del Ejecutivo que, atendiendo las actuales circunstancias, permita promover la postergada discusión legislativa de cómo Colombia enfrentará los desafíos derivados de las nuevas movilidades humanas internacionales.

El gran debate que debe considerar una norma de esta magnitud, como es una ley migratoria, es en qué sentido queremos gestionar la migración que llega a Colombia — y más allá de la coyuntura que significa la venezolana—, de modo que brinde una respuesta justa a una crisis humanitaria y al vez permita que de ella resulten beneficios en el orden económico, social y cultural, tanto para los que llegan como para quienes los recibimos. Esta realidad debe gestionarse teniendo a la vista hacia dónde va Colombia como sociedad y su aporte al cumplimiento de la agenda 2030.

No es un debate menor ni uno que se ciña a los temas estrictamente de fronteras, extranjería o procedimentales, de documentación y permisos de permanencia y actuaciones administrativas del ente de control, como lo retoma el ya mencionado proyecto, que al hacer una comparación con las normas existentes en los actuales decretos y resoluciones, lo que se quiere es elevarlas al rango legal, sin generar grandes aportes en su esencia ni, lo que es más grave, hacerse cargo de las complejidades de las movilidades humanas modernas.

El gran debate que debe considerar una norma de esta magnitud es en qué sentido queremos gestionar la migración que llega a Colombia, de modo que brinde una respuesta justa a una crisis humanitaria

Quizás el primer paso es detenerse a pensar qué tipo de respuesta legislativa es la que necesitamos debatir. Lo segundo es constatar que, aun teniendo en cuenta las diferencias con las dimensiones del contexto migratorio que nos toca enfrentar, hay otros países que ya han pasado por procesos similares de los cuales podemos obtener lecciones valiosas. Hay países de fuerte tradición migratoria en la región, como Argentina y Brasil, que han avanzado positivamente en sus procesos de integración migratoria.

Que la soberbia intelectual, la radicalización y polarización de posiciones políticas y la descalificación del otro no nos lleven a desaprovechar una magnífica oportunidad para que el país potencialice esta migración, que llega no solo por la desafortunada situación por la que atraviesa Venezuela, sino porque Colombia también es atractiva por el mejoramiento de sus condiciones de paz y desarrollo económico y social.

Chile lleva más de cinco años discutiendo un proyecto de ley de migraciones cuya primera versión fue presentada en el 2013, y con el cambio de gobierno de Bachelet a Piñera, lógicamente, cambia la visión frente a lo que debe ser la gradualidad en la apertura a las migraciones. Así, el debate nuevamente se abre en busca del consenso nacional que debe tener mayoritariamente esta iniciativa.

El proyecto de migración que requiere Colombia debe partir de una estructura conceptual que mire: i) la vinculación con los objetivos estratégicos de carácter económico, social y cultural del país para los próximos cincuenta años, en lo urbano, en lo rural, y en los que la migración puede ser un instrumento clave, ii) que recoja los mecanismos internacionales suscritos por Colombia, convenciones y tratados, iii) que resuelva de modo eficiente y realista las cuestiones más concretas relativas a extranjería, documentación, nacionalidad, visas, etc., y iv) que contemple la multidimensionalidad e integralidad de las migraciones abordando las implicaciones en materias de seguridad, mercado laboral, conocimiento científico, comercio, intercambio cultural y tantas otras.

Volviendo al proyecto de ley objeto de esta columna —ya tendremos oportunidad de profundizar en otras iniciativas—, rescato mucho la propuesta de que puedan existir tribunales independientes y especializados en los asuntos migratorios para garantizar el debido proceso; no obstante, propuestas de este tipo ameritan una discusión profunda y despejar muchos interrogantes como ¿implica la creación de una jurisdicción migratoria con jueces especializados en la materia?, ¿esto la llevaría a ser incorporada en una propuesta para un proyecto de reforma de la justicia?

Un aspecto del proyecto mencionado da al inicio un buen pretexto para referirse a un tema esencial: frente a la conformación del Sistema Nacional de Migraciones se deja por fuera entidades claves que pueden apoyar en la formulación de propuestas y estrategias encaminadas a fortalecer la política migratoria, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y entidades del orden regional y local como las gobernaciones y alcaldías, a las que considero que se les debería dar, de manera articulada con la Cancillería, facultades o cupos para el otorgamiento de permisos y visas de permanencia en sus respectivos territorios.

Finalmente, a menos de cuatro meses de elecciones municipales y departamentales, seguramente no tendremos el mejor escenario para debatir este proyecto, por lo que quizás se den las condiciones para que, antes de su discusión en el Congreso, se promueva mediante alguna instancia amplia un verdadero diálogo social y de participación de los diferentes sectores sociales que nos permita construir como nación la mejor propuesta.

* Director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz. Exdirector de Migración Colombia.

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