Desminado: paso seguro hacia a la estabilidad en los territorios

Desminado: paso seguro hacia a la estabilidad en los territorios

Indefinición frente a desminado humanitario envía un mensaje equívoco a la comunidad internacional.

28 de enero 2019 , 07:00 p.m.

Durante muchos años, Colombia ocupó el deshonroso segundo lugar como el país con más número de víctimas de minas antipersona en el mundo, después de Afganistán; con 11.687 víctimas, según la información histórica oficial recogida desde 1990 hasta la fecha. El proceso de negociación de la paz y posteriormente el inicio de la implementación de los acuerdos firmados el 24 de noviembre de 2016 generó un entorno favorable para que se diseñara e implementara una política y una estrategia de descontaminación de los territorios más afectados por la violencia y con grandes necesidades sociales y retos para generar un desarrollo sostenido y con visión humanitaria.

A este esfuerzo, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, y su ministro del posconflicto, Rafael Pardo, uno de los hombres con más experiencia en los procesos de negociación y paz en Colombia, se le sumaron más de 25 países del mundo, que entendieron que cualquier esfuerzo por llevar desarrollo a los territorios parte primero por garantizarles a las comunidades el derecho al uso de sus tierras y la libre movilidad en sus veredas y campos. Además, que se convierte en una acción de reparación colectiva frente a un daño a las comunidades que afecta no solo su humanidad, sino que también se traduce en constante miedo y terror que paraliza a la población. Por eso, la comunidad internacional, a través de la Iniciativa Global para el Desminado Humanitario, anunció apoyos del orden de los 155 millones de dólares, los cuales se han venido desembolsando de manera gradual, en poco más de dos años, y se canalizan a través de los diferentes operadores humanitarios y de la Brigada de Desminado Humanitario que, con visión de futuro, consolidó el gobierno Santos en agosto de 2016.

Los resultados rápidamente fueron esperanzadores. Durante el año 2015 pasamos del vergonzoso segundo lugar al sexto, y durante el 2016 saltamos al décimo puesto. De cifras escandalosas como la del 2006, con más de 1.232 víctimas en un solo año, entre militares, policías y civiles, pasamos durante el 2016 a 89 víctimas y en el 2017, a 56; una reducción que, sin lugar a dudas, es mejor comprendida en los territorios donde se vivió la violencia por tantas décadas, donde se convierte en un símbolo de paz y como un atributo del posconflicto, en desarrollo social y económico.

Lamentablemente, al cerrar el 2018, el número de víctimas se incrementó en más de un 200 por ciento con respecto al año anterior, en el que de manera oficial se reportaron 171 nuevas víctimas de minas antipersona, especialmente en departamentos como Chocó, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Guaviare, entre otras, en zonas con prevalencia del Eln y otros grupos armados delincuenciales que buscan proteger sus economías ilegales con estas técnicas del terror.

Esta realidad lamentable y reprochable desde todo punto de vista se convierte en una alerta para el gobierno del presidente Duque, especialmente en la implementación de los acuerdos de paz, no solo en lo que se refiere a la seguridad en estos territorios, sino frente a las acciones que de manera humanitaria defina para enfrentar esta situación, que no es nada alentadora al revisar que en su política recientemente presentada, Paz con Legalidad, deja por fuera como una de las prioridades del posconflicto el desminado humanitario, desconociendo de entrada que de los 170 municipios definidos en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en 154 se tienen reportes de accidentes de minas, lo que puede llevar al traste el cumplimiento de una política de estabilización territorial.

Vale la pena recordar que en cinco puntos del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ se definen como una prioridad las acciones del desminado. Por ejemplo, en el punto 3, ‘Fin del conflicto’, se plantea la contribución de las Farc-EP en el suministro de información para la descontaminación; en el punto 4, ‘Solución al programa de las drogas ilícitas’, se establece que dentro del Programa Nacional Integrado de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza; en el punto 5, ‘Víctimas’, se establecen acciones de reparación para quienes reconozcan la verdad sobre la contaminación y entreguen información para ubicar los artefactos, y en el capítulo étnico se señala la implementación del programa de desminado en áreas concertadas con los pueblos étnicos.

Si bien el desminado es una herramienta de paz, que en el reciente proceso de negociación demostró ser el mejor instrumento para la construcción de confianza entre las partes en conflicto, la reconstrucción del tejido social con las comunidades y la puerta de entrada a la institucionalidad y el desarrollo, es equivocado pensar que no hace parte del posconflicto; como una medida de restitución de derechos a las comunidades afectadas, de prevención de la violencia y el terrorismo y para la reconstrucción y el desarrollo económico de los territorios.

Las indefiniciones frente al programa de desminado humanitario están mandando un mensaje equívoco a la comunidad internacional. Más de 161 países que hacen parte de la Convención de Ottawa miraban con esperanza el modelo colombiano, como un referente importante frente al compromiso del país con nuestras comunidades y los derechos humanos, después de tantos años de informes aterradores y negativos. La primera posible consecuencia es que nos retiren el apoyo económico que se anunciaba, al encontrar la falta de continuidad en el programa de desminado humanitario, que de esta manera se está presentando como una política de gobierno, y no de Estado, como es el desafío global.

* Director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz

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