¿Quién mató a Samuel David?

¿Quién mató a Samuel David?

¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Gobierno entienda que tiene que actuar ya?

24 de abril 2019 , 07:00 p.m.

En la madrugada del pasado 14 de abril, hombres armados irrumpieron en un caserío de La Guajira, empezaron a disparar indiscriminadamente y asesinaron a Samuel David, un bebé de 7 meses, e hirieron a sus padres, Carlos Enrique González y Sandra Pushaina. Carlos Enrique, excombatiente de las Farc, vivía con su familia en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el Cesar.

El líder de ese ETCR, Abelardo Caicedo, le dijo a ‘El Espectador’ que estaban consternados y muy preocupados porque sentían que el partido de gobierno no estaba promoviendo un vocabulario de reconciliación, sino que seguía promoviendo la estigmatización al llamar a los excombatientes “narcoguerrilleros” o “narcoterroristas”. Caicedo terminó la entrevista diciendo: “Mientras eso continúe van a seguir haciendo atentados de este tipo porque cualquiera se va a sentir con la autoridad de atacarnos porque a cualquier Paloma Valencia o María Fernanda Cabal se le ocurra tratarnos de narcoguerrilleros”.

Este infame asesinato fue noticia en las redes sociales desde el mismo día 14, pero solo hasta el día siguiente tuvo alguna repercusión en los medios tradicionales. El presidente Iván Duque, por su parte, no manifestó su repudio sino hasta el 17 de abril. Esto contrasta con la celeridad en sus pronunciamientos sobre el incendio de la catedral de Notre-Dame, el suicidio del expresidente del Perú Alan García o los atentados en Sri Lanka, realizados tan solo minutos después de conocerse los hechos.

La vicepresidenta también esperó tres días para pronunciarse, y lo hizo a través de un desafortunado trino de gran insensibilidad clasista: “También nos duelen los niños de las Farc”, como si la guerrilla de las Farc todavía existiera y como si los hijos de los exguerrilleros no fueran colombianos.

Estas manifestaciones de repudio tardías, así como las posiciones del Gobierno frente al acuerdo de paz —ausencia de una política de paz y objeciones a la JEP—, no solucionan el clima de zozobra e inseguridad que se vive en el país, y esto es lo que precisamente han destacado diversas organizaciones en Colombia y en el exterior.

El 9 de abril, los senadores Ben Cardin y Roy Blunt introdujeron una resolución en el Senado de los Estados Unidos en la que reiteran su apoyo al acuerdo de paz y a la JEP y alientan al Gobierno de Colombia a proteger a los defensores de derechos humanos y a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Dos días después, un grupo de eurodiputados les manifestó al presidente Duque y a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, su preocupación por el debilitamiento progresivo de la política de paz en Colombia: “[L]as cifras que diversas instituciones oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmantes e indican que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos”.

El 12 de abril, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, dio a conocer el más reciente informe del Secretario General sobre dicha Misión. En el informe manifiesta su preocupación por la seguridad de los excombatientes de las Farc; la Misión ha verificado el asesinato de 99 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, 12 durante el período que abarca el informe.

El 15 de abril, integrantes del movimiento Defendamos la Paz emitieron un comunicado en el que le pidieron al Gobierno implementar el mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad incluida en el acuerdo de paz como mecanismo para proteger a excombatientes de las Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Al día siguiente, los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su apoyo pleno y unánime al proceso de paz e hicieron un llamado para que se respete plenamente la independencia y autonomía de la JEP. Reiteraron también su preocupación por el ritmo actual del proceso de reincorporación, por el asesinato de exmiembros de las Farc y por el patrón persistente de asesinatos de líderes sociales

Estas manifestaciones de apoyo al acuerdo de paz se suman a la caravana de colombianos que se desplazó hasta La Haya para pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue los cientos de asesinatos de líderes sociales y a la iniciativa del Refugio Humanitario por la Vida, que del 28 de abril al 2 de mayo recibirá a miles de líderes y lideresas sociales en Bogotá.

Nos están matando” fue la consigna con la que llenamos las plazas de varias ciudades del país y del mundo en la ‘velatón’ del 6 de julio del año pasado. Casi un año después, los asesinatos siguen en aumento. Hay que exigirle al Gobierno que implemente los mecanismos de protección del acuerdo de paz, primer paso para detener estos crímenes. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Gobierno entienda que tiene que actuar ya?

Sal de la rutina

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