Por una paz completa

Por una paz completa

Un presidente experimentado, respetuoso con las víctimas del conflicto, no se levantaría de la mesa.

01 de febrero 2019 , 12:05 p.m.

El Gobierno colombiano se ha empecinado en incumplir el protocolo establecido entre el Estado colombiano y los países garantes en caso de ruptura de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Un ejemplo más de la terquedad del actual gobierno, derivada de su falta de experiencia y madurez en asuntos de Estado. Poco le ha importado al comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que Kai Ambos, reconocido experto en derecho internacional, haya dicho que el protocolo es vinculante, que es una obligación del Estado que no cesa con el cambio de gobierno y que es importante distinguir entre la responsabilidad internacional del Estado y las posiciones contrarias de un nuevo gobierno, las cuales solo tienen efecto interno. Es decir, que el gobierno de Iván Duque haya decidido no apoyar la paz no significa que tenga que desconocer las decisiones del anterior gobierno en esa materia, pues este actuó en nombre del Estado colombiano.

Rodrigo Uprimny, otro destacado jurista, también ha argumentado que la posición del Gobierno carece de sustento jurídico. Uprimny afirma además que “sin estos protocolos, ningún proceso de paz es posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz”.

Se puede repudiar el ataque del Eln y, al mismo tiempo, seguir convencido de que la solución del conflicto armado es política y que levantarse de la mesa, en estos momentos, es un grave error.

Nuevamente, poco importa que los mayores expertos en derecho internacional le digan al gobierno de Iván Duque que está equivocado, pues la discusión de fondo no es jurídica, sino política. Y es política porque Duque ha llegado a la presidencia gracias a un enemigo acérrimo de la solución negociada del conflicto: el expresidente Álvaro Uribe, quien, junto el Centro Democrático, actual partido de gobierno, se opuso ferozmente a las negociaciones con las Farc. Es política porque mientras los opositores vociferaban que el acuerdo de paz con las Farc tenía un alto nivel de impunidad, la reconocida jurista Christine Bell ha afirmado que el componente de justicia de ese acuerdo es más elaborado que cualquier otro acuerdo de paz en el mundo.

Todos en nuestro país hemos condenado el ataque del Eln contra la Policía; nada justifica un atentado de esa naturaleza. Pero, en lo personal, creo que el Gobierno se equivoca al poner fin a los diálogos con esa guerrilla. Otros, por su parte, creen que el Gobierno se equivoca al desconocer los protocolos, pero lo apoyan en su decisión de terminar los diálogos y creen que la mejor manera de proteger la paz es implementando el acuerdo con las Farc. Pienso que están equivocados, pues son acciones excluyentes. Si el objetivo del acuerdo de paz con las Farc es satisfacer a las víctimas, conocer la verdad, garantizar la no repetición de los crímenes cometidos en el marco del conflicto, prevenir la violación de los derechos humanos, etc., continuar el conflicto con el Eln se convierte en la excusa perfecta para no implementar el acuerdo. Volverá con más fuerza la vieja tesis del enemigo interno y aumentarán las muertes de los líderes sociales. Además, los territorios dejados por la otrora guerrilla de las Farc seguirán siendo ocupados por el Eln y grupos paramilitares, mal llamados bandas criminales.

Se puede repudiar el ataque del Eln y, al mismo tiempo, seguir convencido de que la solución del conflicto armado es política y que levantarse de la mesa, en estos momentos, es un grave error. Un presidente experimentado, respetuoso con las víctimas del conflicto, conocedor de la historia de su país, no se levantaría de la mesa, mucho menos después de un acuerdo de paz con las Farc. Lo descabellado ahora es que el Gobierno crea que al Eln se lo puede derrotar militarmente.

Porque existe la creencia de que a las guerrillas hay que debilitarlas para poder llevarlas a la mesa de negociación, lo cual no es cierto; el Ejército Popular de Liberación (Epl), tercer grupo guerrillero en tamaño después de las Farc y el Eln, no estaba derrotado militarmente cuando, en mayo de 1990, decidió iniciar un proceso de negociación que culminó con su desmovilización casi un año después. Las razones de esta decisión se encuentran en el contexto político de esa época: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente terminó siendo decisiva para que algunas de las guerrillas existentes en ese momento iniciasen un proceso de paz. No hay que olvidar que el movimiento guerrillero colombiano tiene un origen político. Es equivocado, además, nombrar negociadores que desconocen la historia de su país y la historia de los grupos guerrilleros con los cuales se decide negociar.

Este nuevo impase demuestra, una vez más, lo poco preparado que está el gobierno de Iván Duque para liderar un verdadero cambio en Colombia: un gobierno que desconoce las normas básicas del derecho internacional y que no se sonroja por ello. También demuestra claramente que, en estos momentos, defender el acuerdo de paz y seguir insistiendo en una salida negociada del conflicto con el Eln son dos de las más importantes banderas de la oposición.

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