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Farsa electoral en Nicaragua

El pueblo de Nicaragua sigue luchando por reivindicar el verdadero legado de Sandino.

Sara Tufano
Hace unos años, durante mi maestría en Sociología en la Universidad de São Paulo, conocí a una mujer nicaragüense. Inmediatamente nos hicimos amigas. Con ella he aprendido mucho sobre la historia de Nicaragua, sobre la heroica lucha de su pueblo, fue así como entendí que el actual régimen de Daniel Ortega nada tiene que ver con la revolución del 79. Ortega pasó de ser un actor importante durante la revolución a ser un tirano que no acepta la más mínima crítica de sus opositores, a los que acusa de traición a la patria o de ser “enemigos de la revolución”. Lo indignante es que, desde abril de 2018, Nicaragua vive una grave crisis social, política y de derechos humanos que no despierta la misma solidaridad que despiertan otras crisis políticas en América Latina.

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El jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la CIDH, explicó en un evento sobre Nicaragua que nadie podía dudar de que la crisis que vive este país no tiene comparación, en términos autoritarios, con ningún otro país de la región. Desde las manifestaciones de abril de 2018, hay una violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. La disidencia es perseguida, las voces críticas son acalladas, las libertadas son suprimidas: una dictadura de facto.
¿Por qué este silencio sepulcral frente a lo que sucede en Nicaragua? Hay varias razones. La primera tiene que ver con el desconocimiento. Muchas personas se quedaron con el relato del triunfo de la revolución sandinista y con los acontecimientos políticos de los años 80, pero cuando los sandinistas perdieron las elecciones en 1990 se olvidaron de Nicaragua.
La segunda es la poca importancia que les dieron a las denuncias de violación y acoso sexual contra Ortega por parte de su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez, en 1998; denuncias desestimadas por su propia madre, Rosario Murillo, quien dijo que su hija estaba “trastornada y manipulada”.
Ese mismo año, Ortega inició una serie de negociaciones con Arnoldo Alemán (1997-2002), el presidente de derecha de ese entonces, quien, acusado de corrupción, hizo un pacto con Ortega, a través del cual se repartieron los cargos de casi todas las instituciones del Estado. Sin embargo, cuando Ortega llegó al poder en 2007, decidió concentrar todo el poder en el Ejecutivo. En abril de 2018, el pueblo nicaragüense salió a manifestarse contra la reforma del sistema de seguridad social, pero fue brutalmente reprimido por el régimen de Ortega.

La prensa independiente ha sido censurada; se han prohibido las manifestaciones, y las personas perseguidas no tienen cómo recurrir a alguien.

Esta brutal represión derivó en la muerte de 328 personas —en un país de apenas 6,6 millones de habitantes—, más de 2.000 personas heridas, más de 550 personas detenidas, más de 108.000 personas exiliadas. En estos últimos tres años y medio, el Estado nicaragüense no ha abierto ni una sola investigación por estos hechos. La prensa independiente ha sido censurada; se han prohibido las manifestaciones, y las personas perseguidas no tienen cómo recurrir a alguien porque las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido cerradas. La sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue literalmente destruida en enero de 2021.
Pero hay una tercera razón, y es el discurso antiimperialista, que desdeña la crisis de derechos humanos porque enfocarse en ella favorecería al “imperialismo”. Este es el discurso de Ortega y de algunos sectores de la izquierda.
De cara a la farsa electoral del 7 de noviembre, donde siete candidatos presidenciales han sido presos, se hace necesario que la izquierda latinoamericana condene este régimen y le exija a Ortega la liberación de los 150 presos políticos que viven en condiciones inhumanas en las cárceles nicaragüenses. Con esta columna, quiero expresarle mi profunda solidaridad al pueblo de Nicaragua, que sigue luchando por reivindicar el verdadero legado de Sandino en una dictadura peor que la de Somoza.
SARA TUFANO
(Lea todas las columnas de Sara Tufano en EL TIEMPO, aquí)
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