Secciones
Síguenos en:
Andar constituyente

Andar constituyente

El actual momento puede ser leído como un proceso constituyente que trasciende con creces el del 91.

03 de junio 2021 , 03:14 p. m.

Hace unos días escribí un trino diciendo que el sistema político colombiano estaba bloqueado y que en estas circunstancias una constituyente no me parecía una idea descabellada. Muchas personas me respondieron diciendo que estaba equivocada; que la Constitución del 91 es perfecta y que solo hace falta cumplirla.

Pocos lugares comunes más arraigados en el imaginario colectivo que ese. No solo hay que considerar el texto de la Constitución, que, en efecto, introdujo importantes avances en el marco de las transformaciones constitucionales de los años 80 y 90 en América Latina, sino también las circunstancias o correlación de fuerzas en las que se concibió el proceso constituyente que desembocó en esa Constitución.

Antes que nada, hay que recordar que, en los años 80, había un consenso generalizado sobre la crisis de legitimidad del régimen político, reflejada en la idea de que Colombia era una democracia restringida y que esta restricción llevaba a los ciudadanos a expresarse por canales distintos a los electorales: paros cívicos, alzamiento armado y abstención electoral.

Desde el fin formal del Frente Nacional, las élites colombianas veían la necesidad de realizar una reforma constitucional para transformar la estructura del Estado y el régimen político. Para eso era necesario revocar el artículo 13 aprobado en el plebiscito de diciembre de 1957. Esta iniciativa fue frustrada cuatro veces: el expresidente Alfonso López Michelsen propuso la convocatoria a una asamblea constituyente de alcance limitado, declarada inconstitucional en 1978; el gobierno de Turbay propuso, en 1979, una reforma constitucional que fue declarada inconstitucional en 1981; el plebiscito de 1988 fue suspendido por parte del Consejo de Estado, y, en diciembre de 1989, se hundió el proyecto de reforma constitucional del gobierno Barco.

Así, los desafíos eran: reformar la constitución sin pasar por el Congreso —precisamente se quería reformar el Congreso– y que la reforma no fuera declarada inconstitucional. En su ‘Introducción a la Constitución de 1991’, Manuel José Cepeda, quien fue asesor del expresidente Barco en asuntos constitucionales, afirma: “Se concluyó que lo menos arriesgado jurídicamente era acudir directamente al pueblo como constituyente primario o soberano sin pasar por el Congreso”.

Cepeda “mantenía contacto permanente con los diversos sectores universitarios que trabajaban en nuevas propuestas”, escribe Rafael Pardo en su libro ‘De primera mano’. Así nació la iniciativa de la séptima papeleta, planteada por un grupo estudiantil de las universidades de los Andes, el Rosario y la Javeriana. Más adelante, escribe Pardo: “Los formadores de opinión pública empezaron a demostrar cierta simpatía por el tema. En particular, una columna editorial de El Tiempo escrita por Juan Manuel Santos, dio la idea de un decisivo respaldo del establecimiento liberal. La iniciativa del plebiscito informal se concretó en lo que se llamó el movimiento de la ‘séptima papeleta’ (…)” (pág. 227).

Fue un hecho político que debía tener efectos jurídicos. Al final de su mandato, el expresidente Barco utilizó un decreto de estado de sitio que ordenaba a la Registraduría contabilizar los votos de la consulta. Como el estado de sitio se usaba para graves perturbaciones de orden público, el Gobierno vinculó la necesidad de una constituyente a la búsqueda de la paz. La constituyente fue usada como “imán” para que otros grupos guerrilleros entregaran sus armas: el Epl, el Quintín Lame y el Prt.

Así, es una clara contradicción con el derecho a la paz aprobado por la constituyente –artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”– que el día de la elección de los constituyentes, el 9 de noviembre de 1990, César Gaviria ordenara el bombardeo a Casa Verde, lugar en el que se encontraba el secretariado de las Farc-ep.

La Constitución del 91 acabó de deslegitimar la lucha guerrillera a través de la idea de que el sistema político se había desbloqueado. Esta no fue un pacto de paz, propósito para el cual había sido concebida, sino que legitimó un contexto de guerra. Como afirman Óscar Mejía y Leopoldo Múnera en su artículo: “[…] la Constitución de 1991 se convirtió en un referente programático y utópico, al cual el imaginario colectivo le asignó, a pesar de sus evidentes ambigüedades, la función mesiánica de operar como un instrumento jurídico y político de unidad y reconciliación nacional, destinado a concretar la paz que no se había podido conseguir con los grupos insurgentes marginados del proceso constituyente”.

Cuando nos hablan de volver a esa Constitución, siento que esta opera simbólicamente como una “vuelta al redil”, el lugar cómodo del cual el establecimiento colombiano nunca ha querido salir. Como si al volver a ella despertáramos de la pesadilla del autoritarismo. Es un futuro que vuelve constantemente sobre sí mismo; es el “Bienvenidos al futuro” de Gaviria. Por esto, el actual momento puede ser leído como un proceso constituyente que trasciende con creces el del 91: son las grandes reformas, por décadas postergadas, las que la juventud está pidiendo a gritos.

Sara Tufano

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.