Otra vez

Otra vez

Volvemos a deslegitimar la protesta social, vinculándola a una fachada de la insurgencia armada.

14 de septiembre 2020 , 09:25 p. m.

Ayer, en este periódico, el ministro de Defensa dijo que “es irresponsable señalar autorías en casos de homicidio”, refiriéndose a las 10 personas que fueron asesinadas con armas de fuego el miércoles durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Bogotá. Sin embargo, ayer mismo y el domingo en primera página, el mismo ministro, el consejero Ceballos y el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, afirmaron con una certeza sorpresiva que la violencia del miércoles fue resultado de un esfuerzo concertado entre las disidencias de las Farc y el Eln.

Es decir: que el beneficio de la duda cubra a los presuntos perpetradores de una masacre, pero que las verdades de a puño pero sin evidencia y las certezas infundadas sean dirigidas hacia los manifestantes con todo el peso del que somos capaces.

Cuando leí los artículos me fui a buscar la evidencia que apoyaba la certidumbre sobre la participación de las Farc y el Eln en las protestas. Se cita a Ceballos con “un video y documentos en mano”. No supimos qué contiene el video, pero los documentos son de la insurgencia y aseveran que estos grupos quieren trasladar el conflicto militar a escenarios urbanos. Un documento que sugiere una mera intención (parte ya de la historia de la guerrilla en este país, además) es la prueba de fuego.

Después, un oficial de inteligencia dice que los ataques a los CAI estaban planeados desde marzo y que la pandemia los frenó. Allí no hay evidencia tampoco. Solo una voz de autoridad con una afirmación muy conveniente para el establecimiento y que le permite no tener que reconocer que muchos CAI fueron objeto de la ira ciudadana porque se habían convertido en escenarios de tortura.

La estrategia es perversa y busca mantener a la sociedad civil maniatada, inanimada, sin capacidad de organizarse, de articular sus demandas y de manifestarse.

Regresamos al uso del mecanismo más peligroso con el que ha contado el establecimiento de este país para deslegitimar la protesta social: vincularla y reducirla a una fachada de la insurgencia armada. Así se evitan tener que tomarse la protesta y sus demandas en serio y justifican el uso indiscriminado de la violencia en contra de la misma. La estrategia es perversa y busca mantener a la sociedad civil maniatada, inanimada, sin capacidad de organizarse, de articular sus demandas y de manifestarse. Se trata de un mecanismo de control absolutamente antidemocrático.
Y mientras tanto, y entre líneas, se justifican los desmanes de la fuerza policial. Al fin y al cabo, según este discurso oficial, estaban combatiendo a miembros de la guerrilla.

Lo más preocupante es que en esto están juntos el Gobierno Nacional y el gobierno local. Aunque la alcaldesa de Bogotá ha intentado construir un discurso menos desconectado de la ciudadanía, más reconocedor de la responsabilidad de las autoridades en los asesinatos, por otro lado, su propio secretario de Seguridad le está echando tierra a este esfuerzo y está dedicado a ir en contra del discurso de López. Si la administración de la ciudad quiere liderar los esfuerzos por cambiar lo que nos llevó al infortunado miércoles, no puede hacerlo con un secretario de Seguridad que, como Acero, está dedicado a minar públicamente los esfuerzos de la alcaldesa. Si nos preocupa que López no pueda mandar sobre la Policía, sería mejor no añadirle ahora que tampoco manda sobre su propio secretario de Seguridad.

A la Alcaldía no le conviene sumarse a la narrativa más vieja, más fácil y más mediocre para restarles peso e importancia a las demandas por menos abuso y menos impunidad frente a los casos de abuso policial. Esa teoría ya no viaja como lo hacía en el pasado. Ese intento de criminalización solo va a terminar de separar a gobiernos nacionales y locales de una ciudadanía que cada vez los siente más ajenos y lejanos, y va a terminar haciendo lucir sus pocos gestos de arrepentimiento como puro teatro, vacuo y de mala calidad.

Sandra Borda G.

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