El episodio que tuvo lugar la semana pasada entre el gobierno de Iván Duque y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia no es nuevo, ni particular. La actitud del Estado colombiano frente al sistema de Naciones Unidas siempre ha sido tanto o más hipócrita.
De un lado, les dan la bienvenida a los recursos y el manejo que en el territorio hacen de ellos las diversas agencias de la ONU desde hace ya bastantes años. De hecho, se sabe que algunas instituciones del Estado hacia el final de cada año tienen problemas con la utilización de los recursos que les son asignados (por su ineficiencia), y llaman a las agencias de la ONU para que les echen una mano con la ejecución.
Igualmente, cuando necesitamos la misión de verificación para la implementación de los acuerdos, ayuda para la puesta en marcha de políticas de desarrollo, de sustitución de cultivos e, incluso, cuando el Estado necesita ayuda para brindar protección a grupos poblacionales o líderes en riesgo, el silencio complaciente es la norma. A lo máximo solicitan, como lo ha hecho el actual gobierno, que no usen tanto los chalecos azules en los territorios porque eso hace muy visible la presencia de personal de Naciones Unidas y, en consecuencia, hace muy evidente la debilidad del Estado.
Pero, de otro lado, este acomodamiento oportunista desaparece cuando Naciones Unidas asume el papel no de ayudar en silencio, sino de denunciar la falta de compromiso del Estado en la defensa de los derechos humanos. Hoy, la cosa es peor porque si bien la reacción de todos los gobiernos ha sido ácida, en el actual la acidez se tornó en agresión. ¿La razón? El Gobierno tiene claro que el principal actor internacional en condiciones de presionar y garantizar la implementación de los acuerdos de paz es justamente la ONU. Su embestida contra Naciones Unidas no es en defensa de la soberanía nacional, es en contra de la paz firmada en el gobierno pasado.
Lo que está tratando de hacer el informe no es transgredir la soberanía nacional, sino contribuir a consolidar un Estado fuerte, más soberano y con más capacidad de acción.
Hay una lección que, tarde o temprano, va a tener que aprender el Estado colombiano: las agencias de Naciones Unidas no son una canasta de cerezas de donde se escogen las que a uno le gustan y se desechan las otras. La cosa viene en combo, y por una razón en particular: el sistema opera sobre la base de un delicado equilibrio en el cual, para que el Estado no se convierta en dependiente eterno de la ayuda internacional, es preciso que el mismo sistema denuncie sus comportamientos equivocados y lo presione para que sea eficiente en su deber de proteger a sus ciudadanos.
Aunque ni este gobierno ni ningún otro lo hayan entendido de esa forma, el objetivo de esos informes sobre nuestro comportamiento en derechos humanos es contribuir a que el Estado asuma sus responsabilidades en esta materia, se convierta progresivamente en un Estado capaz y, de esa forma, la presencia de Naciones Unidas tienda a disminuir. En otras palabras, mirado y analizado con cuidado, lo que está tratando de hacer el informe no es transgredir la soberanía nacional –como sugiere Duque–, sino contribuir a consolidar un Estado fuerte, más soberano y con más capacidad de acción.
Presumir que está en la naturaleza de la organización socavar la soberanía nacional e intentar reducir su presencia, sin que el Estado haya hecho la tarea de desarrollar formas de llegar a los territorios e implementar políticas de desarrollo y protección, es equivocado porque malinterpreta la naturaleza del mandato de la ONU (mandato diseñado por los mismos Estados, el Colombiano incluido) y porque no amplía, sino que reduce la soberanía estatal: la verdadera soberanía reside justamente en la capacidad del Estado de tener presencia y de proteger a sus ciudadanos. El resto es cortoplacismo y nacionalismo del más barato y vacuo.
Sandra Borda G.
