Ya es casi un lugar común decir que las instituciones están sufriendo un desprestigio y un rechazo sin precedentes de la opinión pública. Esa afirmación tiene mucho de cierto. Las encuestas muestran que las instituciones, fundamentales para la democracia, no son populares entre los ciudadanos. No se trata de un fenómeno colombiano y, de hecho, el prestigio de las instituciones liberales parece una pandemia. Aun así, no podemos asumir la actitud de refugiarnos en la omnipresencia de esa tendencia para excusarnos de entender las características propias del fenómeno en Colombia y afrontar la gravedad de sus consecuencias. Mal de muchos, consuelo de tontos.
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Varios matices llaman la atención en nuestro caso. La falta de confianza en las instituciones no es igual para cada una de ellas, y la actitud de los ciudadanos tampoco es homogénea. Hay diferencias entre sectores sociales, regiones y entornos. Por ejemplo, el sector rural –a pesar de haber sido principal víctima de la violencia, de la desigualdad y de la ineficacia del Estado– tiene una inclinación más favorable y de reconocimiento a la institucionalidad. Es en ese contexto donde se observa un mayor reconocimiento a la Presidencia de la República, la justicia y el Legislativo, en contraste con las ciudades. El desafecto es mucho mayor entre los habitantes urbanos.
Adicionalmente, es al frente representativo al que peor le va. Los líderes políticos, los congresistas, los diputados y los concejales tienen una bajísima favorabilidad en la opinión pública. Hay diferencias relevantes cuando se pregunta por líderes específicos o nombres concretos, pero, en general, la confianza en la capacidad, honestidad y efectividad de los políticos se encuentra en niveles históricamente muy bajos. De la misma manera, el Congreso de la República y los partidos políticos –que son dos instituciones indispensables para el funcionamiento de la democracia– registran exiguos niveles de favorabilidad.
Que los candidatos le digan a la opinión pública qué piensan y qué proponen para acercar la democracia y las instituciones a los ciudadanos y superar la crisis de representatividad.
Las cortes, la justicia y los organismos de investigación y control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía), pilares de una democracia funcional basada en la separación de poderes, tampoco parecen convocar el reconocimiento ciudadano (sobresalen la Fiscalía y la Procuraduría). No se puede desconocer que ese sentimiento adverso hacia dichas instituciones tiene también que ver con quienes las presiden y con la pobre gestión que han realizado en materia de seguridad ciudadana, eficacia de la justicia penal, lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos.
En ese contexto no puede uno menos que preguntarse si la democracia colombiana, la Constitución de 1991 y las instituciones liberales podrán sobrevivir a este nivel de desprestigio e ilegitimidad. Me inclino a pensar que si se mantiene una actitud de resignación con esta situación –como la que se observa en la discusión política de coyuntura– y los líderes se siguen haciendo los de la vista gorda, efectivamente estaremos en riesgo de que la democracia que conocemos, la cual a pesar de sus defectos ha logrado mantener los principios liberales y algún grado importante de protección de los derechos fundamentales, se esfume en un paroxismo populista que capitalice el sentimiento colectivo.
El debate sobre cómo proteger, cómo abrazar y cómo reformar las instituciones y la democracia debe adquirir un carácter central, vital, en el debate electoral que se avecina. Que los candidatos le digan a la opinión pública qué piensan y qué proponen para acercar la democracia y las instituciones a los ciudadanos y superar la crisis de representatividad y legitimidad que las afecta. Eso solo será posible si los mismos candidatos no se dedican a aprovecharse de la situación para atacar las instituciones, sugerir peligrosas medidas de ‘borrón y cuenta nueva’ y acrecentar el escepticismo.
SANDRA BORDA
