Una nueva frontera

Una nueva frontera

El solo acceso a la tierra no es suficiente. Debe ir acompañado de un esquema de desarrollo rural.

08 de septiembre 2018 , 11:30 p.m.

Darle un nuevo impulso al sector agropecuario es quizás el camino más seguro para promover crecimiento económico en relativo corto plazo. Es una tarea que no emprendió a cabalidad la administración pasada y tiene oposición política tanto de la izquierda, que no quiere que se expanda la agricultura comercial, como de la derecha, que se opone al desarrollo de la pequeña propiedad rural y campesina. Esta administración no puede dejarse intimidar por esas posiciones extremas y debe buscar el apoyo político para promover ese desarrollo.

La tarea más urgente, y posiblemente la que puede producir resultados a menor plazo y mayor bienestar, es un programa de desarrollo rural que les dé mayor acceso a la tierra a los pequeños productores rurales. Se ha hablado de utilizar para este propósito la tierra que proviene de la extinción de dominio de propiedades de personas vinculadas al narcotráfico. Esta idea se ha tropezado con obstáculos legales que es necesario resolver para brindarles a los campesinos, por primera vez, la posibilidad de cultivar tierra de la más alta calidad, aumentar su ingreso y productividad.

También es urgente actualizar el catastro rural, no solamente para generar mayores recursos para los municipios, sino para estimular la venta de tierras improductivas, otra forma de mejorar el acceso a la tierra. Naturalmente, es indispensable que continúe el programa de restitución y distribución de tierras, que adelanta el Gobierno con demasiada lentitud. De todas maneras, se debe entender que el solo acceso a la tierra no es suficiente, sino que debe ir acompañado de un esquema de desarrollo rural que provea bienes públicos, por ejemplo distritos de riego y vías de comunicación; crédito suficiente en condiciones razonables, acceso a tecnología, asistencia técnica e información sobre clima y asistencia en comercialización. Esto exige que se creen nuevas instituciones para el sector rural y evitar que las capture el clientelismo.

Esta sola tarea, que ya es monumental, también debe despejar de una vez por todas las inquietudes sobre propiedad de la tierra y darles la oportunidad a las empresas comerciales de cultivar grandes extensiones de tierra baldía, probablemente con contratos de arrendamiento de largo plazo, y la posibilidad de que asuman compromisos para asociarse con grupos de campesinos y pequeños propietarios. Esto exige crear instituciones que administren la adjudicación de esas tierras a pequeños productores y los arrendamientos de largo plazo a medianos y grandes productores, aprobar los contratos entre empresas comerciales y grupos de campesinos, y ejercer control para que los compromisos favorezcan a los pequeños productores y se cumplan los contratos.

Buena parte del trabajo intelectual requerido para emprender estas tareas con seriedad ya fue adelantado por la misión rural que convocó el gobierno de Santos, y también existe el trabajo preliminar que han desarrollado las universidades de Purdue y los Andes con el concurso de otras universidades y centros investigativos, el cual serviría de base para crearle a Colombia una nueva frontera y una oportunidad concreta para que los jóvenes con espíritu emprendedor conquisten nuevos territorios y desarrollen novedosas actividades productivas.

Finalmente, esta tarea no tendría sentido si no se termina la carretera entre Bogotá y Villavicencio y se continúa la que conectaría a Puerto Gaitán con Puerto Carreño, así como la infraestructura que facilite la navegación fluvial. La financiación de esos proyectos y obras puede provenir, en parte, de los ingresos que generen las tierras baldías entregadas en arriendo. Esta es una opción de desarrollo que no se puede dejar de aprovechar.

RUDOLF HOMMES

Columnistas

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