Desde hace algún tiempo, los analistas de la situación económica y política de Colombia han mostrado preocupación por la organización política del país, que por estar basada en clientelismo y corrupción es cada vez menos viable y posiblemente el mayor obstáculo que queda en pie tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo social y democrático del país, una vez se consolide la pacificación del país.
Entre 1960 y 2015, el crecimiento del PIB corriente por habitante de Colombia fue inferior al de Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú. Y el PIB de Colombia, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, creció entre 1990 y 2015 significativamente menos que el de Chile, Panamá, Perú y Costa Rica.
Poco antes de conocerse los pagos ilegales de Odebrecht al exviceministro de Transporte, no se sabía qué hacer para motivar a la opinión pública para que respaldara e hiciera viable la reforma del sistema político con el fin de contener la corrupción. Se creía necesario llegar a un punto en el que no quedara duda de la inconveniencia de continuar con la organización política existente. Estábamos lejos de sospechar que unas pocas semanas más tarde el país estaría inmerso precisamente en esa situación, a causa de las revelaciones sobre la política de sobornos de Odebrecht.
Lo que se conoce hasta ahora no deja duda de que el sistema político colombiano y el sistema de contratación de obras y servicios del Estado han estado a disposición del mayor postor, y que esto es inherente a la organización política. Desde los escándalos del proceso 8.000, oportunidad que se desaprovechó para haber reformado y limpiado el sistema, esto no había sido tan evidente como ahora con el caso Odebrecht.
Esta compañía decidió, como política comercial, comprar a todo el mundo para quedarse con la parte del león del proyecto de inversión en infraestructura y encontró en el Estado colombiano y el sistema político la mayor receptividad para conseguir este objetivo.
El problema es que ahora se emprendan, como ya está sucediendo, una frenética cacería de brujas y una competencia entre los jueces y los medios por la atención del público, y se deje pasar otra vez la oportunidad de reformar el sistema político y reducir radicalmente la corrupción. Si no se organizan un esfuerzo serio y un proyecto político para canalizar este interés y aprovechar la indignación pública para emprender una necesaria reforma, todo esto va a concluir en que se sacrifican unos pocos chivos expiatorios, se destruyen reputaciones, justa o injustamente, y todo seguirá igual.
En ese caso, no solamente se desperdicia la oportunidad, sino que los excesos que usualmente acompañan a las cacerías de brujas en las que jueces y periodistas salen a perseguir presuntos culpables como perros rabiosos pueden ocasionar cuantiosas pérdidas económicas, si no se controlan y no se apaciguan los espíritus revanchistas que habitan tanto en el sector judicial como en el de los medios de comunicación. La Fiscalía y las demás entidades de control deben proceder con todo rigor a llevar a cabo sus investigaciones lo más rápidamente posible, pero con mucha responsabilidad y prudencia, sobre todo en sus comunicaciones, porque está en juego el programa de obras públicas más ambicioso que se ha emprendido para dotar al país de la infraestructura que necesita y la estabilidad del sistema bancario. El peligro es que, obnubilados por la figuración y la engañosa sensación de poder que se deriva de estar a cargo de una purga, los jueces, procuradores, contralores, fiscales y periodistas decidan optar por el sensacionalismo, satisfacer la sed de sangre y sacrificar la ecuanimidad o la sensatez, perdiendo de vista las consecuencias de sus decisiones.
RUDOLF HOMMES
