Protestar

Protestar

Los futbolistas merecen el derecho a que se les cumpla la promesa de la igualdad ante la ley.

17 de octubre 2019 , 07:30 p.m.

A toda protesta colombiana le llega su pero. Sí, los universitarios reclaman en las calles que no se les robe más la plata de sus presupuestos, que tendría que ser lo mínimo y que en cambio es lo usual, pero la guerra de los vándalos contra los policías antimotines termina siendo la “preocupación” entre comillas de los analistas de ceño fruncido. Sí, sube día por día por día el número de líderes sociales asesinados en el Cauca, y sale a la luz una posible reforma pensional que suena aún peor que la posible reforma laboral de este gobierno pasajero e incipiente, pero luego, cuando la gente sale a gritar que no da más, la noticia no es un país mal hecho y turbio, sino el hastío de los poderosos de siempre: “¿Y si esa manada de vagos marchara por las aceras?”, se preguntan por ahí.

Soñaba el ministro de Defensa, antes de posesionarse –y hay que decir: completamente en serio–, con “una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Decía la Vicepresidenta de la república hace poco, en la apertura de la solemne conmemoración de los 170 años del Partido Conservador, que “es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos la semana pasada nos está notificando que esto va a seguir”. Y resulta extraño que hayan estado hablando de “regulación”, en estos últimos gobiernos y estos últimos años, como si no siguieran vigentes el Código Penal, ni el Código de Policía ni la Ley 1801 de 2016: puede ser que crean que “regulación” es sinónimo de “criminalización”.

Puede ser que a pesar de las evidencias, a pesar de que hoy en día los manifestantes y los candidatos asesinados sean de todos los partidos, en las enormes oficinas de los jefes del país piensen que la protesta social es una jugada de la extrema izquierda para perturbar este reino de Dios. Si no es así, si aquí no se sigue mandando a la fuerza y a la brava, entonces por qué los presidentes vitalicios de nuestro fútbol no solo se niegan como se niegan a hablar con los futbolistas sobre lo mínimo –cosas tan básicas como el calendario de las competencias, la contratación de los jugadores, las pólizas de salud, el torneo femenino, la discriminación, la violencia de género, el acoso laboral, la participación sobre las entradas y los derechos de televisión–, sino que además amenazan con tomar medidas e intimidan a la vieja usanza.

Fifpro, la federación internacional de futbolistas profesionales reconocida por la Fifa, les ha pedido tanto a la Dimayor como a la Federación que se sienten a hablar con los jugadores colombianos asociados –que mientras tanto han tenido que sentarse en las canchas, solos, al comienzo de los partidos de la liga– porque en las democracias resulta difícil e infame exigirles a los ciudadanos que asuman sus deberes si no se les reconocen sus derechos, pero en un país en el que altos funcionarios del Gobierno fantasean con manifestaciones ordenadas, parece ingenuo esperar que los demás dirigentes –en especial estos que suelen aclarar que su espectáculo nacional es un negocio privado– recuerden que la protesta social pacífica es una suma de derechos fundamentales: del derecho a la asociación al derecho a la libertad de expresión.

Siempre es un buen ejemplo el ejemplo del fútbol: sí, acá en Colombia hay dirigentes y barras bravas que siguen sintiéndose excepciones a las reglas, como honrando el hábito de la violencia, pero, igual que tantos colombianos que se parten el alma desde muy temprano y asumen sus deberes porque no ven alternativa, los futbolistas de estas ligas nuestras despojadas de glorias merecen fecha a fecha el derecho a que se les cumpla la promesa de la igualdad ante la ley.

www.ricardosilvaromero.com

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