Zonas Futuro, apuesta estratégica

Zonas Futuro, apuesta estratégica

Articular entidades públicas, organizaciones y sector privado para la legitimidad democrática.

09 de agosto 2020 , 01:10 a. m.

Cuatro años después de la firma del acuerdo de La Habana está claro que el problema no eran tanto las Farc, sino, y lo siguen siendo, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Colombia requiere un Estado fuerte, lo cual se logra con más Estado, más mercado y más derechos para la gente.

El Plan de Desarrollo establece que la principal amenaza a la seguridad son los espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad, definición que enmarca la política pública y evidencia que el objetivo es construir Estado social de derecho y legitimidad democrática en territorios donde históricamente el aparato estatal no ha cumplido de forma adecuada su función.

Superar la violencia y la criminalidad va de la mano de la construcción de paz en los territorios y solo se conseguirá con una óptica diferente al tradicional despliegue de tropa y más tropa y de policía y más policía. Colombia aún no termina de construir la nación y el Estado. Reconocerlo es definitivo para resolver problemas estructurales en regiones como Catatumbo, Pacífico nariñense, bajo Cauca, sur de Córdoba, Arauca y las áreas de parques naturales que son deforestadas por empresas criminales, el caso de Chiribiquete.

Esa visión soporta las Zonas Futuro, activadas recientemente con la aprobación de los planes especiales de intervención integral (Peii) por el Consejo de Seguridad Nacional. Los Peii harán que la acción del Estado sea unificada, interagencial, coordinada, integral y sostenida. Con ello se articulan entidades públicas, cooperación internacional, sector privado y organizaciones ciudadanas en una sola estrategia, unidad de esfuerzo y con el liderazgo de un consejero presidencial en cada zona.

No se puede seguir dando el mismo trato a los municipios más pobres y a los más ricos. Esa discriminación de hecho y de derecho es una de las razones por las cuales se mantienen el atraso y la marginalidad. Con la Ley 1941 de 2018 y el decreto 2278 de 2019, el presidente Iván Duque logró que los municipios de las Zonas Futuro tengan acceso preferencial a los recursos del Gobierno Nacional, por encima de las demás entidades territoriales. Un trato especial que busca equidad.

Esos instrumentos acelerarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), tarea que contará con el apoyo activo de la Fuerza Pública y el liderazgo de la Consejería para la Estabilización. Integrar ambas cuestiones es central, porque atiende las expectativas de las comunidades al tiempo que asegura que la transformación del territorio y la sustitución de economías ilícitas por lícitas se hagan sobre la base del imperio de la ley.

El Ministerio de Defensa ajustará su estrategia con planes únicos y diferenciados de seguridad en cada zona, con responsabilidades y resultados compartidos para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en contra de las redes de valor de las economías ilícitas, para proteger a la población y desarticular los grupos armados organizados. Por otro lado, asegurar que la administración de justicia llegue a esas regiones y se combine con los diferentes mecanismos de las comunidades para gestionar pacíficamente los conflictos es compromiso del Ministerio de Justicia, en coordinación con la Rama Judicial.

Finalmente, fortalecer la legitimidad democrática exige empoderar las comunidades. Por eso, los Peii consagran que se realizará consulta previa conforme a la jurisprudencia, las comunidades participarán en la ejecución de las obras, se fomentarán el control social y la rendición de cuentas de las autoridades. El trabajo con los gobernadores y alcaldes se efectuará conforme a la Constitución, y se guardará “coherencia e integridad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado” en esas zonas.

RAFAEL GUARÍN
Consejero presidencial para la Seguridad Nacional

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