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Un régimen de obediencias endebles

Un régimen de obediencias endebles

El diseño institucional está determinado por la presunción de la mala fe del otro.

17 de noviembre 2021 , 08:00 p. m.

La inestabilidad e inseguridad de las reglas de juego jurídico se han convertido en los rasgos que revelan cuán profunda es la fractura del régimen político colombiano. Las afirmaciones hechas por dos magistrados de la Corte Constitucional, pieza central de la Constitución del 91, dejan ver la magnitud del problema. Mientras uno manifiesta en su salvamento de voto que, con ocasión del caso de Álvaro Uribe, "la Corte ha borrado de un plumazo el debido proceso", el otro en una entrevista a Semana, acepta que los expresidentes Santos y Gaviria estuvieron consultando a algunos magistrados sobre el tema. Y reconoce que las llamadas de "expresidentes o personas influyentes que le dicen a uno o le sugieren determinado tipo de inclinación en el sentido del fallo" son un hecho bastante normal en la Corte.

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¿En qué momento un expresidente o una persona influyente, se siente con derecho de llamar a un magistrado de la Corte Constitucional a sugerirle el sentido de un fallo? ¿Cómo llegamos allá?

Las llamadas nos ponen ante una realidad: somos un país presidido por un régimen de obediencias endebles. Es decir, un régimen político en donde una cosa es la que se dicen las normas y los diseños institucionales, y otra muy distinta la que se hacen quienes están al frente; una es la orden que se imparte y otra –bien diferente– la que se cumple; uno es el propósito que el alto funcionario o el empresario enuncia y otro el que se persigue.

Somos un país en el que, al lado de una formalidad legal e institucional (escrita en la Constitución), coexiste una informalidad normativa e institucional que, sin estar escrita, ni haber sido acordada por nadie, también gobierna, en el congreso legisla, y en la justicia juzga, imponiendo sus propios principios, competencias, funciones, jerarquías, accesos y controles.

Sometidas a los sistemas de favores e intercambios, las funciones de gobernantes, jueces y legisladores, quedan reducidas a una simple labor de 'administrar intereses'.

Es el régimen de la "otra institucionalidad" que, caracterizada por Guillermo O'Donnell, como aquel que está regido por sistemas de favores o de intercambios, al que los individuos concurren con el único y exclusivo propósito de obtener un beneficio particular; los partidos políticos no son otra cosa que empresas electorales o burocráticas a través de las cuales se canalizan los favores o se institucionalizan los intercambios; y el ejercicio de la ciudadanía está reducido al pago de impuestos, y al ejercicio electoral cada cierto tiempo.

En condiciones de esa otra institucionalidad, los mecanismos excepcionales establecidos en la ley se utilizan de manera cotidiana en el gobierno. Así, por ejemplo, como en el pasado el Estado de Sitio sirvió para mantener el orden, hoy el mecanismo extraordinario de las reformas tributarias es el que asegura que el Estado pueda funcionar. La lista es larga.

Hay tanta conciencia de ese régimen, que el diseño institucional está determinado por la presunción de la mala fe del otro. O mejor, para no ser tan drástico, por el temor a que los que ostenten ese poder incumplan, abusen de sus prerrogativas y vayan más allá de lo establecido. Por eso se ha prohibido la reelección en todos los ámbitos e instituciones.

Y la 'cultura del atajo' es la expresión estable y permanente con la que, a la vez, gobernantes y gobernados buscan por su propia mano evadir los costos de los controles o la arbitrariedad; levantar las restricciones que imponen los excesivos trámites o el vacío administrativo total; y eliminar los riesgos que surgen de la desmedida justicia o la impunidad.

Sometidas a los sistemas de favores e intercambios, las funciones de gobernantes, jueces y legisladores, quedan reducidas a una simple labor de 'administrar intereses', alterando la operación del sistema por completo: Los gobernantes creen que gobernar es hacer leyes; los legisladores, que producir leyes sirve para capturar rentas; y los jueces, que su tarea también es la de atender las llamadas de personas influyentes.

PEDRO MEDELLÍN

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