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La seguridad no es la Policía

La seguridad no es la Policía

No se trata solamente de reformar la Policía. Se requiere una intervención tan rápida como profunda.

15 de septiembre 2021 , 08:00 p. m.

El sistema de seguridad y convivencia ciudadana entró en crisis. Ya no estamos ante una situación crítica en la que, por un hecho que conmocionó a la sociedad, se reclama de las autoridades castigo para los responsables. Tampoco ante una coyuntura crítica en la que una sucesión de acontecimientos exige del Gobierno una intervención que resuelva los problemas de una vez por todas. Por esas etapas ya pasamos.

(Lea además: La otra ‘polarización’ (I)

Estamos ante lo que un experto en manejo de crisis llamaría el momento de fractura total del sistema. Es el momento en que los mecanismos de regulación y control de ese sistema (para el caso, de seguridad ciudadana y convivencia) ya no son capaces de cumplir con la misión para la que fueron creados. La presión ejercida por la compleja tarea de responder, al mismo tiempo, por las funciones habituales de la seguridad, la atención a una población confinada por una pandemia, el ordenamiento de una ola migratoria y la contención de una protesta social violenta y sostenida produjo tal sobrecarga sobre la política de seguridad que terminó dinamitando el sistema. En eso consiste la crisis: activó el momento quirúrgico en que, ante una falla general del sistema, se interviene o el sistema muere.

El país quedó ante una realidad para la que nadie estaba preparado. Ni los gobiernos, ni los aparatos policiales ni la misma ley:

1) Las diferencias que hace un año estaban bien delimitadas entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad ciudadana hoy ya no son claras. Las decisiones macro que se toman para controlar la migración, combatir el tráfico de drogas y de armas impactan directamente la seguridad en los municipios. No solo porque allí tienen la cadena informalidad/ilegalidad/crimen, que les permite reproducirse rápidamente, sino también porque allí tienen sus mercados y operan sus ejércitos.

Las nuevas formas y los nuevos actores de la criminalidad en el territorio dejan ver los problemas de estructuración.

2) El control territorial de grupos armados ilegales de amplias zonas urbanas hace que la criminalidad desplace los componentes arquitectónico, económico, cultural y de inclusión, que nutren la seguridad ciudadana. No tiene mucho sentido que los gobiernos traten de mejorar las infraestructuras urbanas o la retención escolar si las mediaciones violentas de los actores armados ilegales logran convertir el miedo en el patrón que regula la vida en la sociedad local.

3) El miedo se nutre de la fragilidad de la justicia, que ya no es capaz de complementar el esfuerzo de los gobiernos locales y la Policía Nacional. No solo por la escasa presencia en el territorio de jueces y fiscales, cuya proporción puede llegar a ser hasta siete veces menor que el promedio requerido en países como el nuestro. También por la muy débil capacidad del sistema para vencer en juicio a los que han cometido delitos, incluso en flagrancia. Un estudio de la Fiscalía sobre la tasa de absoluciones judiciales entre 2009 y 2019, de manera autocrítica, muestra cómo mientras en 2009 había 1 absolución por cada 10 casos en juicio, para 2019 esa proporción había crecido seis veces. Solo en ese año, “la Fiscalía perdió el 63 % de juicios orales para los casos que se iniciaron en flagrancias”.

4) El sistema de seguridad y convivencia ya no es gobernable. La confluencia de las nuevas formas y los nuevos actores de la criminalidad en el territorio dejan ver los problemas de estructuración, conducción, coordinación y ejecución de las políticas de seguridad. La multiplicidad de agentes, agencias e instancias de decisión dificulta la toma de decisiones y los resultados de los gobiernos territoriales.

Un sistema que el año pasado liberó más de 31.000 personas que ya no debían estar recluidas, pero que mantiene más de 20.000 detenidos en las URI y centros de detención transitoria, sin capacidad para tramitar los respectivos procesos, es un sistema que explotó en pedazos. No se trata solamente de reformar la Policía. Se requiere una intervención tan rápida como profunda. Hay que restablecer un sistema en el que cada uno tenga sus competencias y funciones bien definidas. No hay otra salida. Y no se puede aplazar más.

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)

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