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¡Es la política criminal!

¡Es la política criminal!

Amenazar con cárcel o aumento de penas a los infractores no sirve de nada.

22 de septiembre 2021 , 08:00 p. m.

Seguimos tropezando con la misma piedra. Por causa de la urgencia de ofrecer una respuesta que frene la delincuencia desbordada que se vive, se vuelve a creer que la salida del problema está en tener más cámaras, más leyes que endurezcan las penas para reincidentes, o lleven a la cárcel a los que porten cuchillos o pistolas traumáticas. Seguimos buscando el muerto río arriba.

(Lea además: La seguridad no es la Policía)

Se olvida que buena parte del problema está en la crisis del sistema penitenciario y carcelario que vive el país. Es un asunto de tal gravedad que ha sido el único en que, en 17 años, la Corte Constitucional ha recurrido al mecanismo excepcional de declarar el estado de cosas inconstitucional, ¡en tres oportunidades! Y esa declaración solo se produce cuando se constata que: 1) se están violando los derechos de un número significativos de ciudadanos; 2) hay omisión de las autoridades para garantizar el cumplimiento de esos derechos; 3) la solución del problema exige la intervención de varias entidades.

Con las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, bajo distintas argumentaciones, la Corte declaró y reafirmó que “el sistema penitenciario y carcelario es incompatible con el Estado social y democrático de derecho”. Y dicta medidas para corregir el problema.

Los esfuerzos de la Corte llegan al corazón del problema. La crisis “no se soluciona solo con la creación de más cupos carcelarios, pues su superación requiere el ajuste, más que del Sistema Penitenciario y Carcelario, de la Política Criminal”.

Argumenta dos razones muy poderosas: 1) La política criminal colombiana ha sido reactiva y toma decisiones sin fundamentos empíricos sólidos, tiene una tendencia al endurecimiento punitivo, está subordinada a la política de seguridad y es inestable e inconsistente, y volátil porque existe debilidad institucional; 2) “Existe una relación de causalidad entre la formulación reactiva de la política criminal en Colombia y el aumento del hacinamiento en las cárceles del país”. El análisis es amplio y suficiente. Y las fórmulas de solución, simples y efectivas.

No hay que inventar nada. En las decisiones de la Corte está la solución de
un problema trascendente. ¿Por qué no darle curso?

El problema de la reincidencia o el porte ilegal de armas no se resuelve con nuevas leyes o prohibiciones. Se solventa con una acción efectiva de los gobiernos locales en la persecución de los delincuentes y sus estructuras criminales. También, en el trabajo de la Policía con la Fiscalía, en la investigación y recolección de las pruebas que debe presentar el fiscal, para que el juez proceda a realizar su trabajo. Pero para eso se precisa de una política criminal que defina los objetivos por perseguir y las metas por alcanzar, y disponga de los medios para conseguirlo.

Amenazar con cárcel o aumento de penas a los infractores no sirve de nada. ¿En dónde los van a meter? ¿En el centro de reclusión transitoria La Candelaria, en Medellín, con capacidad para 80 personas, pero que hoy tiene 200 detenidos y 169 condenados? ¿O en Tumaco, en la estación de policía, que tiene dos celdas para 6 personas, pero que hoy tiene una población de 44 detenidos? ¿O en la estación de Fray Damián, en Cali, que tiene 480 personas en un sitio planeado para apenas 15? Y ni la Policía ni los militares tienen ni la función constitucional de custodiar privados de la libertad ni los medios para hacerlo.

El problema hoy no está en el hacinamiento de las cárceles, que está en un 17 %, sino en los centros transitorios de reclusión y las guarniciones militares, en donde hay más de 25.000 personas, entre sindicados y condenados, en las peores condiciones. Eso sin considerar los problemas que implica tener una persona detenida en Barranquilla, pero con boleta de captura en Jamundí. O los 20 recluidos en Puerto Carreño, pero con boleta de encarcelamiento para Villavicencio.

No hay que inventar nada. En las decisiones de la Corte está la solución de un problema trascendente. ¿Por qué no darle curso?

PEDRO MEDELLÍN

(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)

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