El Congreso no solo sigue de espaldas al país. También sigue atrapado por la gana de concentrar poderes que, lejos de resolver los problemas, los va a agravar. Cuando el aparato judicial del país se consume en la congestión de procesos, la politiquería, la corrupción de los jueces o el absurdo de sus decisiones, a los congresistas les da por tramitar un proyecto de “reforma de la justicia” que busca modificar el sistema de elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Art. 1); y entregar a la Comisión de Acusación la función de investigar las actuaciones de las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría (Art. 2). Como si esos fueran los problemas de la justicia en el país.
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El asunto no tendría mal olor, si no fuera porque, como reportan los medios, en ese trámite están metidos congresistas y altos funcionarios públicos que, por estar investigados por la Corte Suprema o porque podrían quedar bajo esa férula, se van a ‘blindar’ si logran sacar adelante esa reforma. Habilidosos como son, buscan una carambola a tres bandas.
A simple vista, se trata de otorgar a la Comisión de Acusación la facultad de investigar las conductas de unos altos funcionarios (como el Contralor General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, el Auditor y el Registrador). Pero, en realidad, de lo que se trata es de crear una especie de antejuicio político que les evite a estos funcionarios quedar bajo la férula directa de la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Si hay una denuncia de corrupción, primero deben pasar por la investigación de la Comisión de Acusación. Si encuentra mérito para un juicio, la somete a la Cámara de Representantes, para que la estudie, iniciando un largo trámite, antes de que llegue a las cortes para que el caso sea juzgado. ¿Recuerdan dónde quedó el proceso al presidente Samper?
Con semejante prerrogativa en manos del Congreso, ¿habrá algún organismo de control dispuesto a enviar las pruebas de los procesos que requiere la Corte Suprema o el Consejo de Estado para juzgar a los congresistas? O, para ser más claros, ¿habrá algún alto funcionario de los organismos de control que permita a la Comisión de Acusación abrir un proceso en su contra?
De lo que se trata es de crear una especie de antejuicio político que les evite a estos funcionarios quedar bajo la férula directa de la Corte Suprema o el Consejo de Estado.
Es evidente que, para compensar la molestia que pudo causar a la Corte Suprema o el Consejo de Estado la creación de ese antejuicio que limita su poder de investigar y juzgar a funcionarios tan relevantes, los congresistas han ofrecido algo que ningún magistrado podrá rechazar: modificar el sistema de elección para los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para que quede más claro el texto dice, Artículo 1.º: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación, previa convocatoria pública conforme al reglamento de cada una de ellas”.
Pero no se trata de un hecho nuevo. Una y otra cosa ya estaban en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, recientemente aprobada y en revisión constitucional. Con dos regalitos adicionales. Primero, entregarles a los presidentes de las cortes (que forman parte de la Comisión interinstitucional) la capacidad de intervenir en las decisiones de planeación y presupuesto que la Constitución le había entregado al Consejo de la Judicatura. Como quien dice, por vía de una estatutaria, modifican la constitución política. Y segundo, más atractivo que el anterior, facultar a esa Comisión para que nombre al director ejecutivo de la Rama, y a los 20 delegados regionales encargados de manejar los presupuestos y la contratación de la justicia en las regiones. ¿Imaginan la dicha?
Todo porque hay congresistas y altos funcionarios que, en unos casos, prefieren blindarse frente a la justicia, ahora que el futuro está tan confuso. Y en otros, porque ya comienzan a soñar con ser fiscales o procuradores… sin haber tenido la carrera para serlo…
PEDRO MEDELLÍN
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