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Carrera de obstáculos

Carrera de obstáculos

El esfuerzo ha sido tal que, en menos de un año, se logró lo que no se había hecho en años.

11 de agosto 2021 , 09:00 p. m.

Al cumplirse el tercer año de gobierno, el manejo de la crisis del covid-19 ha sido el asunto que ha concentrado toda la atención pública. No solo porque se trataba de un asunto que alteró las agendas de gobierno en el mundo. También porque requería un manejo para el que nadie estaba preparado y unos recursos que nadie había previsto.

Cuando se evalúa la forma como el Gobierno le hizo frente a esa crisis en Colombia, se encuentran hechos muy interesantes. Primero, se trataba de enfrentar un virus del que se sabía muy poco, con un sistema de salud desequilibrado, sin integración, y una concentración de los recursos y las posibilidades en las grandes ciudades. Segundo, se requería una analítica de pruebas a gran escala para la que no se tenía sino un laboratorio. Y, tercero, había que trabajar con un régimen de contratación que imponía bloqueos enormes a la movilización de los recursos.

La explosión de la crisis del covid-19 en Italia y España, al llegar casi a los mil muertos por día, puso a las autoridades del país ante un doble objetivo de política: 1) impedir la entrada del virus; 2) asegurar que la capacidad de atención hospitalaria no se copara, en especial las unidades de cuidados intensivos, que los europeos ya mostraban como claves para tratar el virus.

Se podrán plantear todos los problemas e insatisfacciones. Pero lo cierto es
que el esfuerzo gubernamental ha sido tal que, en menos de un año, se logró lo que no se había hecho en años.

Los expertos del Instituto Nacional de Salud, que con los 350.000 casos de chikunguña y sika habían ganado una buena capacidad para el análisis de este tipo de problemas, elaboran modelos de simulación que proyectan una catástrofe: si no se actúa pronto, el covid-19 podría llegar a dejar más de 250.000 muertos en el país. La seriedad del informe hace que el presidente Duque de inmediato decrete la cuarentena total en el país.

De ahí en adelante, todo ha sido una carrera de obstáculos. ¿Qué hacer con ciudades como Buenaventura, que no tenía una sola cama UCI? ¿Cómo disponer de capacidad de atención hospitalaria en regiones como la costa Pacífica, gran parte de la Atlántica o la Orinoquia, donde la situación era igual o peor? ¿Cómo dotar al personal médico para que no se contagie al tratar a los pacientes? Y los laboratorios: ¿cómo se va a medir la evolución del contagio? ¿Qué hacer para adquirir las vacunas si las farmacéuticas proponían contratos de riesgo (comprar vacunas sin saber si iban a funcionar), que la ley prohíbe de manera expresa? ¿Y la indisciplina social? ¿La gente sí está dispuesta a cumplir con las medidas de aislamiento?

Se podrán plantear todos los problemas e insatisfacciones. Pero lo cierto es que el esfuerzo gubernamental ha sido tal que, en menos de un año, se logró lo que no se había hecho en años. Hoy, el sistema hospitalario tiene más de 13.400 camas UCI en las capitales departamentales, cuando antes tenía solo 5.300 camas; se cuenta con 180 laboratorios habilitados para hacer las pruebas, cuando solo había uno. Y la vacunación avanza a un ritmo tal que para diciembre de este año se llegará a la inmunidad de rebaño.

Además, no hubo un solo caso en que un hospital se haya negado a atender a un paciente de covid; ni de un solo colombiano o extranjero, de los miles que ingresaron a las UCI, que haya tenido que pagar un solo peso por su atención; y ni un solo caso en que, por más prestantes que hayan sido los ciudadanos, se hayan saltado la fila en la vacunación. Ni siquiera prosperó la tutela interpuesta por los funcionarios judiciales, pidiendo que se los considerara población priorizada.

Ahora aparece un nuevo obstáculo con el “error” reconocido por el Consejo de Estado, con el contrato suscrito entre Pfizer y la Fiduprevisora, al incorporarlo “al sistema de gestión judicial sin advertir que, en el momento de realizarse dicha actuación, perdió los atributos de seguridad con los que fue enviado”. Aunque el reconocimiento del “error”, así como el régimen especial que rige la contratación de la Fiduprevisora, ya anticipa que será otro obstáculo que salvará el Gobierno.

PEDRO MEDELLÍN

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