Secciones
Síguenos en:
Libertad de expresión y de cultos en las FF.MM., ¿existe?

Libertad de expresión y de cultos en las FF.MM., ¿existe?

Las hace más responsables y menos propensas a tolerar abuso de autoridad.

15 de octubre 2021 , 08:00 p. m.

El 23 de septiembre del año en curso, la Corte Constitucional anunció en un comunicado de prensa (sentencia C-321-21, magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo) que declaraba inexequibles el numeral 12 del artículo 77 y el numeral 7.° del artículo 78 de la Ley 1862 de 2017, “por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”, relacionados con la falta disciplinaria militar grave consistente en “…permitir o tolerar la murmuración, los comentarios o crítica contra el superior, subalterno, compañero, otras personas, instituciones o la Fuerza Pública”. El argumento central que usó la Sala Plena de la Corte Constitucional para eliminar tales artículos tuvo origen en el derecho fundamental al debido proceso (art. 29, CN) y el principio de tipicidad.

(También le puede interesar: Sin liderazgo ético no hay gobernanza)

Es decir, los militares colombianos no deben ser sometidos a procesos disciplinarios cuyo origen son normas que contienen faltas vagas, dudosas y ambiguas, además imprecisas; como, en efecto, eran los artículos expulsados del ordenamiento jurídico colombiano. Es por ello que la decisión de la Corte protege las garantías procesales básicas que les asisten a servidores públicos de carácter especial, como lo son los miembros de las FF. MM.

Causa extrañeza, sin embargo, que la misma Corte no haya estudiado de fondo los cargos de libertad de conciencia y de expresión, expuestos por el demandante. Como antecedente, esto afirmó en 2004 el magistrado Alfredo Beltrán Sierra en uno de los apartes a su salvamento de voto a la sentencia C431: “Los militares, por el hecho de serlo no quedan excluidos de esa preciosa libertad para difundir su pensamiento y opiniones, o para informar de manera veraz e imparcial, o para fundar, si así lo quieren, medios masivos de comunicación”. ¡Un magistrado sensato, sin duda!

Es un triunfo para los uniformados íntegros, para los místicos, para quienes quieren una mejor institución, cada vez más profesional, doctrinal, cohesionada y, sobre todo, ética.

No obstante, esta decisión es absolutamente disruptiva, además sin precedentes, y pone freno al capricho del juzgador disciplinario, que a veces cree estar por encima de la ley. Así mismo, robustece la legitimidad de las FF. MM., las hace más responsables y menos propensas a tolerar actos de abuso de autoridad, y ataja, en parte, a comandantes corruptos y moralmente censurables, que, a través de amedrentamientos (investigaciones, traslados, etc.), imponen su voluntad, una suerte de ley del silencio.

Las instituciones militares colombianas son profundamente democráticas, su disciplina está soportada sobre la base de la obediencia y el respeto entre superior y subalterno, y viceversa. Justo allí se construye la confianza, fundamento de la profesión militar, pero ello no las excluye del derecho a la libertad de cultos y de expresión, principios fundamentales de rango constitucional (art.19 y 20, CN), eso sí, de manera responsable y siempre pensando en el bien institucional.

Se constituye en un hito jurídico que un estudiante de derecho, Cristian Fernando Cuervo Aponte, de provincia, hecho a pulso y con excelencia académica, haya buscado el resguardo de los derechos fundamentales de los militares. Es un triunfo para los uniformados íntegros, para los místicos, para quienes quieren una mejor institución, cada vez más profesional, doctrinal, cohesionada y, sobre todo, ética.

El voto militar y una verdadera libertad de cultos al interior de los cuarteles son deudas históricas con la Fuerza Pública colombiana. El Gobierno Nacional y el Congreso, respectivamente, están en mora de establecer políticas públicas que garanticen la libre expresión religiosa a los uniformados que no profesan la fe católica, así como, también, la promoción de reformas constitucionales que devuelvan el derecho al sufragio a militares y policías. Antes que soldado, el uniformado es persona, “ciudadano militar”; por tanto, posee dignidad humana y sus derechos fundamentales son inviolables.

PEDRO JAVIER ROJAS
*Analista político y militar. Catedrático experto en seguridad y defensa.

(Lea todas las columnas de Pedro Javier Rojas en EL TIEMPO, aquí)

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.