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La lucha contra la corrupción

Deberíamos autoevaluarnos para asumir los compromisos pendientes desde lo público y lo privado.

¿Qué tendrían en común la lucha contra la corrupción en EE. UU., Nueva Zelanda y Dinamarca y la lucha contra la corrupción en Colombia? Aparentemente nada, por ello resulta interesante comparar cómo se aborda este asunto en países que tienen una menor percepción de corrupción. En los europeos hay mayor fuerza en marcos normativos, penas considerables y aplicadas y, sobre todo, un especial énfasis en atacar el soborno en una definición amplia que va desde recibir o pedir dinero, regalos, cambios de favores, tráfico de influencias hasta el nepotismo, que entrega cargos públicos a familiares o amigos sin los requisitos exigidos.
En EE. UU., la estrategia se soporta en la modernización institucional y el análisis de información para comprender las redes de corrupción, atacar las finanzas ilícitas evitando que se produzcan el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de contar con leyes y penalidades efectivas. Generan redes de apoyo internacional y promueven el comportamiento ético.
En Colombia seguimos una dinámica similar. El marco normativo es amplio, de hecho, este año salió una nueva ley anticorrupción, la 2195; hay acciones de transparencia, de gobierno abierto y de controles de riesgos. Se hacen rendiciones de cuentas, y los delitos de corrupción están clasificados en el Código Penal. Los adelantos pueden verse desde el Índice Nacional Anticorrupción, estimado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. A nivel nacional, el índice da cuenta de los avances los procesos de transparencia, acceso a la información y gestión contractual. Y de manera particular, en la Nación hay abierta información sobre el uso de los recursos públicos y la ejecución del presupuesto en el portal de transparencia económica.
El índice también da cuenta de cómo los territorios son ahora más fuertes en acceso a la información y participación ciudadana. Ahí están, en los primeros lugares, Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, que mejoraron en los componentes de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, que en promedio subieron unos 4 puntos en la última medición del índice. Destaca Bogotá, que subió más en el índice que el resto y cuyo principal esfuerzo se vio en integridad donde subió 14 puntos por robustecer la arquitectura de integridad a través de la transparencia e incentivar el buen comportamiento. Abrieron todos los datos de la contratación, mejoraron los controles de la gestión pública adaptando las normas del sistema de prevención de lavado de activos al sector público y lleva tres años consecutivos ejecutando Senda de Integridad, que fortalece la ética de lo público promoviendo el buen comportamiento de los servidores.
Pero si como país hemos avanzado en normas y estrategias en línea con otros países, ¿por qué la corrupción sigue tan campante? Al celebrarse la próxima semana el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción deberíamos autoevaluarnos con cuidado para asumir los compromisos pendientes desde lo público, desde lo privado y desde la ciudadanía.
Es imperativo seguir en los procesos de transparencia y el acceso a la información, pero también es importante asumir más comportamientos éticos, que no generen réditos personales, y cambiar la cultura del “es que soy vivo”. Es absolutamente necesario que las entidades públicas y privadas se comprometan más con mejores procesos, con la integridad, a liderar con el ejemplo y que los organismos de vigilancia, control y sanción activen con más fuerza sus acciones. Todos debemos priorizar el interés general sobre el particular, tomando conciencia de que la corrupción nos destruye como nación.
PATRICIA RINCÓN MAZO
(Lea todas las columnas de Patricia Rincón Mazo en EL TIEMPO aquí).
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