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Tres mentiras abortistas 'a la colombiana'

Tres mentiras abortistas 'a la colombiana'

El discurso abortista victimiza a las mujeres, mientras que invisibiliza la dignidad humana.

17 de noviembre 2021 , 08:00 p. m.

Estadísticas amañadas, discriminación de las mujeres por el delito del aborto y la supuesta seguridad de este "procedimiento médico" son tres mentiras abortistas que estarían inclinando la balanza en la Corte Constitucional a favor de la despenalización total de lo que seguramente será el mayor genocidio en la historia de Colombia. Magistrados de la Corte, ¡están a tiempo de quitarse las vendas!

El primer "sapo verde" que se tragaron y nos quisieron hacer tragar algunos medios de comunicación, a raíz del reciente estudio mundial de la multinacional Ipsos llamado 'Puntos de vista globales sobre el aborto 2021', es que la mayoría de los colombianos está de acuerdo con la legalización del aborto, con base en lo que apenas 500 personas del país respondieron en la encuesta. Muy pocos para ser la mayoría… Aunque los expertos en estadística podrían demostrar que es una muestra representativa, al analizar detalladamente este estudio tampoco se llega a la conclusión que nos quieren vender (¿o imponer?).

De hecho, el 65 % de los colombianos encuestados coincide en que el aborto debe ser limitado a situaciones muy excepcionales o prohibirse por completo: el 36 % respondió que "debe permitirse en determinadas circunstancias como una violación", el 20 % afirmó que "no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto que peligre la vida de la madre" y un 9 % estuvo de acuerdo con que "nunca debe permitirse". Mientras que solo un 26 % apoyó la legalización total del aborto y un 9 % prefirió no opinar.

Y las estadísticas amañadas o malinterpretadas no son un invento criollo. En Estados Unidos, el propio Dr. Bernard Nathanson, conocido por haber promovido en ese país la despenalización del aborto en 1973 y reconocido –tras su "conversión provida"– su responsabilidad en 75.000 asesinatos en el vientre materno, reveló su estrategia de manipulación de la opinión pública:

"… convencimos (a los medios) de que la causa proaborto favorecía un avanzado liberalismo y sabiendo que en encuestas veraces seríamos derrotados, agrandamos los resultados de supuestas encuestas y los publicamos en los medios; según estas, el 60 % de los norteamericanos era favorable a la implantación de leyes permisivas de aborto (…) Y una mentira lo suficientemente reiterada, la opinión pública la hace verdad".

La segunda mentira verde "a la colombiana" es que el delito del aborto nos discrimina a las mujeres, cuando no hay ninguna mujer encarcelada en nuestro país por eliminar la vida de seres humanos indefensos. Y no lo digo yo. En la respuesta oficial del Inpec a la Corte Constitucional (expediente D-13956) se evidencia que de 31 casos de personas sindicadas y condenadas por este motivo solo había dos mujeres privadas de la libertad, desde el 2007 y el 2013 respectivamente, pero por delitos conexos al aborto como hurto, secuestro extorsivo y acceso carnal abusivo a menor de 14 años… ¡ninguna por aborto provocado como tal!

La segunda mentira verde "a la colombiana" es que el delito del aborto nos discrimina a las mujeres, cuando no hay ninguna mujer encarcelada.


El discurso abortista ha pretendido victimizar a las mujeres ante el delito del aborto, mientras que ha invisibilizado por completo la dignidad humana y el derecho a nacer de quienes son las auténticas víctimas con la despenalización. El artículo 122 del Código Penal Colombiano garantiza, sobre todo, la protección legal del nasciturus, y no llena las cárceles con mujeres que abortaron voluntariamente a sus propios hijos, muchas veces de manera coaccionada.

Por eso, eliminar este artículo del Código Penal no es ninguna causa justa, y mucho menos se puede legalizar lo que viola directamente el artículo 11 de nuestra Constitución, el cual señala que el derecho a la vida es inviolable. En al menos 12 pactos, declaraciones, convenciones, conferencias y asambleas internacionales, de las cuales Colombia es signataria y por ello forman parte del Bloque de Constitucionalidad, las normas protegen la vida para impedir que los seres humanos en gestación sean tratados como ciudadanos de segunda.

Y la tercera mentira, que el aborto "legal" es seguro, tiene el poder de silenciar a las mismas mujeres que la replican ciegamente, como le sucedió a la joven argentina María del Valle González López, quien ingirió varias pastillas de misoprostol guiada por teléfono y murió seis días después. Ella tenía seis semanas de embarazo y toda una vida por delante, pero la reciente legalización del aborto en Argentina la llevó a una decisión mortal y sin reversa.

¡Un aborto provocado nunca es seguro! Mucho menos para los bebés que son abortados, porque el dolor que ellos sienten –como el de cualquier ser humano ante una tortura– no encaja en ningún protocolo de seguridad del paciente que se respete.

Según el informe de Conciudadanos a la Comisión I del Senado, en Colombia se han registrado al menos 156.000 abortos tras la sentencia C-355 de 2006, contando los reportes de apenas dos entidades, que equivalen a la población actual de la ciudad de Ipiales. Es decir, decisiones judiciales que generan genocidios. En el 2019, por ejemplo, se practicaron más de mil abortos después del primer trimestre de gestación, utilizando técnicas como la inyección de cloruro de potasio –con autorización de Minsalud– que quema las venas del bebé y le causa un dolor insoportable.

Conocer esta realidad haría que incluso esos 20 y 36 % de colombianos encuestados que claramente no están de acuerdo con la liberalización del aborto tampoco lo permitieran bajo ciertas circunstancias o excepciones.

Es tiempo de tomar acciones y, sobre todo, de quitarse y quitar la venda de los ojos a los colombianos, señores magistrados de la Corte Constitucional. En sus manos está la oportunidad histórica de evitar que una realidad ya dolorosa lo sea aún más, la cual no es querida por el pueblo colombiano y, además, es ilegal, insegura y para nada gratuita, pues al fin y al cabo los ciudadanos terminamos pagando los abortos con nuestros impuestos.

CLEMENCIA SALAMANCA
Abogada litigante

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