Juan Manuel Santos escribió una carta para acorralar a Uribe invitándolo a adherir a lo ya pactado en La Habana. Lo subestimó. Días después, el expresidente expresó al país sus condiciones para entrar al diálogo. Nadie contestó. Básicamente, porque el Gobierno porfía en la irreversibilidad de lo acordado y no contempla que el modelo Sergio Jaramillo pueda ser tocado, aunque ello garantice la sostenibilidad del esquema. De la Calle, que también protege su criatura, lo repite por doquier.
¿Por qué desprecia Santos la robustez que daría a los acuerdos una revisión constructiva de lo pactado? En realidad, la solidez de los acuerdos solo es vital para la guerrilla, por eso cabe preguntarles: ¿es suficiente para las Farc el menú de conquistas obtenidas, así puedan ser revocadas?
Si yo fuera de las Farc, trataría de no caer en los yerros de Castaño, Mancuso y la cúpula de las Auc, que, sin garantías políticas y confiando en las legales, terminaron tratados como delincuentes comunes. La guerrilla no parece entenderlo. Si el ‘No’ derrota al ‘Sí’ en el plebiscito, perderán junto al Gobierno; pero incluso de triunfar el ‘Sí’, tras 50 años de lucha, ¿empezarían a desarmarse para quedar en manos de jueces? Aunque la nueva jurisdicción parezca convenientemente diseñada para las Farc, puede ser ingenuo soltar las armas con la expectativa de obtener de la justicia lo que históricamente solo ha garantizado la política.
Las Farc quieren un tránsito exprés de las armas al poder sin cárcel ni riesgos como la extradición. De paso, se empeñan en consolidar un paquete de normas de corte ultrasocialista para reformar la estructura de propiedad de la tierra, la autonomía política de los territorios y, especialmente, la manera como se escribirá la historia desde el futuro.
Lo pactado está concebido para que “la historia” pase por un férreo control de verdad a cargo de las Farc. Es decir, verdad no será cuanto ocurrió en los últimos 50 años, sino lo que lean quienes estudien Derecho e Historia, a mediados del siglo XXI, en los fallos de la Jurisdicción Especial de Paz.
Aunque Álvaro Leyva y Enrique Santiago persuadieron a la guerrilla de que bastaría con elevar lo firmado a rango constitucional, usando el atajo del ‘Acuerdo Especial’ para blindar lo pactado, francamente creo que haría falta más. Basta recordar cómo Pablo Escobar consiguió que la Constituyente prohibiera la extradición y a la postre le sirvió de nada. Pronto Samper la revivió, sencillamente porque el blindaje legal no sirve; lo que legalmente se hace legalmente se deshace.
Si yo fuera de las Farc, solo firmaría un pacto con Colombia completa. No con la mitad del país urbano que Santos conduce en un raudal de ‘mermelada’ financiada al debe.
Una paz pactada exclusivamente entre Santos y las Farc es un pacto de conveniencias coyunturales. Sorprende que el secretariado no vea claramente que el 49 % que derrotó al Gobierno en primera vuelta puede ganar la presidencia en el 2018 y derogar lo acordado con el beneplácito de las mismas mayorías que podrían hundir el plebiscito.
Las Farc deberían tener instinto de conservación y exigir que la paz con ellos solo es posible si, a estas alturas de la negociación, los sectores conservadores y el Centro Democrático son convocados a plantear sus mínimos y, por el bien de Colombia, ceden todos hasta llegar a un consenso nacional que lleve a la inmensa mayoría a respaldar los acuerdos e incluso a prescindir de votar.
Si yo fuera de las Farc le diría a Santos: “Como ya negociamos nosotros, tráiganos ahora la otra mitad para ponernos de acuerdo todos”.
En el pellejo de la guerrilla, no asistiría al banquete de un anfitrión sospechosamente generoso, si tengo claro que su cónyuge, que cocina y atiende, no me soporta y le parece un abuso que le pise la casa.
Sin el conservatismo duro y el Centro Democrático inmersos en el acuerdo, los privilegios otorgados por Santos a esa guerrilla durarán hasta que esos sectores gobiernen.
Y todavía falta meter en cuentas el viraje que dará Washington cuando Obama no esté.
SERGIO ARAÚJO CASTRO@sergioaraujoc
