La paz es una nueva oportunidad para la justicia en Colombia. De hecho, el posconflicto se presenta ante nosotros como un contexto ideal para cristalizar lo que la Carta Política planteó como una enorme necesidad: un enfoque territorial para la justicia. Es una tarea compleja, dada la diversidad de causas que alimentan la conflictividad social, la violencia, la desigualdad, la corrupción y la falta de legitimidad de la institucionalidad, especialmente en las zonas tradicionalmente más desatendidas. Por eso, quienes somos parte del Gobierno Nacional tenemos la obligación de hacer nuestros máximos esfuerzos para que este ideal se cumpla lo más pronto posible.
La actual Carta Política estableció como línea transversal un enfoque territorial orientado a atender las particularidades sociodemográficas y culturales de cada región. Ese camino requiere la articulación de las instituciones del Estado y la ciudadanía.
Tenemos un desafío enorme en el nuevo escenario de posconflicto y consolidación de la paz: atender las necesidades de justicia de la ciudadanía, especialmente de campesinos, indígenas y comunidades afros, quienes tradicionalmente han habitado la ruralidad más dispersa y han sido los más afectados por el conflicto armado.
Las barreras geográficas, la poca presencia (incluso, ausencia) del Estado en algunas zonas, las justicias paralelas, el miedo a denunciar, la presencia de actores armados, la falta de conocimiento de derechos y acceso a la justicia y la impunidad son aspectos que deben ser abordados por las instituciones.
Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho hemos asumido, como una apuesta de política pública, la implementación y el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) para el posconflicto. Esta estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad tiene por objeto reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas para la ciudadanía. Así, llegamos con mayor oferta de justicia, pleno acceso y principios claros: justicia restaurativa, acción sin daño, participación y enfoque diferencial.
Gracias al apoyo técnico de la Unión Europea, del Pnud y de Usaid, nuestra intervención ha priorizado 134 municipios en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima, Caquetá, Cauca y Norte de Santander, donde además encontramos pueblos indígenas, afrocolombianos y otros grupos étnicos. Los Sistemas Locales coordinan la justicia propia de dichas comunidades con los demás operadores judiciales y garantizan el respeto a su propia comprensión y ejercicio.
La implementación de estos sistemas creará confianza en las instituciones, especialmente donde las prácticas sociales han construido una idea de justicia fuera del orden legal. Para lograrlo se articularán la justicia formal (juzgados y fiscalías), la justicia administrativa (comisarías, inspecciones y personerías), la justicia alternativa (conciliadores y mediadores) y la justicia propia (indígena y afros), con todas las ramas del poder público y la participación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Es necesario trabajar contra el odioso centralismo anquilosado para que las acciones del Estado se piensen y construyan considerando las particularidades de cada región. El anhelo de justicia de todos los colombianos debe responder a la realidad de su propio territorio; la paz y la justicia deben tener, hoy y siempre, espíritu regional.
Jorge Eduardo Londoño Ulloa
* Ministro de Justicia y del Derecho
