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La adopción en Colombia: pasado y presente

La adopción en Colombia: pasado y presente

Debemos apoyar y fortalecer aún más el programa de adopción para que se desarrolle lo mejor posible.

26 de febrero 2021 , 12:34 p. m.

Algunos medios locales (EL TIEMPO, 10 de febrero de 2021; revista Semana, 14 de febrero de 2021) han informado que Holanda ha cerrado las adopciones con varios países, incluido Colombia, como respuesta a reportes que señalan presuntas irregularidades que habrían ocurrido entre los años 1967 y 1998 en procesos de adopción que involucran adoptantes holandeses. Dichos reportes recogen testimonios de madres que aseguran que sus hijos fueron dados en adopción contra su voluntad, ya sea porque nunca dieron su consentimiento ante las autoridades o porque les fueron robados

Presentaré un breve recuento de la evolución del marco legal de la adopción en Colombia que permita comprender el contexto en el que los hechos registrados en esos reportes, que involucren madres colombianas, habrían tenido lugar. Veremos que las instituciones presentes en esos momentos difieren mucho de las actuales y que la normatividad que regía entonces los procesos ha cambiado muy significativamente. En esta medida, sería equivocado rechazar y condenar, a partir de esos reportes, la figura de la adopción con que contamos en la actualidad.

Cuando se creó el Código Civil colombiano, la adopción apenas figuraba allí. Se hicieron reformas en 1960 y 1975, pero estas dejaron diversos vacíos y establecieron un sistema de control precario. En ese entonces, por ejemplo, la madre de un niño o el director de una casa de beneficencia que tuviera a un niño a cargo podía dar un consentimiento directo para que el niño se le diera en adopción a una pareja específica. Además, antes de 1975, el proceso se concluía simplemente mediante escritura pública y no con la sentencia de un juez.

En 1975 fue creado el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Entre los años 1983 y 1993, este instituto, con el apoyo de destacados equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, fortaleció la reglamentación de la adopción tanto en su etapa administrativa como en la judicial. Se desarrollaron o especificaron, entre otros, los siguientes puntos: rescate de niños mayores y adolescentes, rol de los defensores de menores (así llamados en esa época), exigencias para que un consentimiento fuera válido, comprobación de la idoneidad de las familias adoptantes, controles para la salida de Colombia de menores adoptados, informes de seguimiento posadopción desde otros países, manejo de grupos de hermanos para no separarlos. Además, se tomaron medidas para evitar, junto con el Ministerio de Salud, las entregas directas o personales de niños en centros hospitalarios, y se aprobó la participación de organismos internacionales que sirvieran de mediadores en el programa de adopción.

A finales de 1989 se expidió el Código del Menor y, con este, se formalizaron cambios normativos que incluyeron: la eliminación de la adopción simple y el fortalecimiento de la adopción plena (con la que el adoptado adquiere los mismos derechos que tienen los hijos biológicos); el establecimiento de la irrevocabilidad de la adopción; la exigencia de un consentimiento para la adopción ante un defensor de Familia, por parte de quienes tengan la patria potestad; el establecimiento de una declaración de abandono, cuando corresponda, por parte de un defensor de Familia; la imposibilidad de dar el consentimiento para la adopción de un hijo que aún no haya nacido; la prioridad de los colombianos frente a los extranjeros para la asignación de niños adoptables y la exigencia de una sentencia de adopción en firme para permitir la salida de los niños.

Cuatro años después, en 1993, se expidió en La Haya el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (Convenio HCCH). Su propósito es proteger a los menores y a sus familias frente a los riesgos que traen las adopciones internacionales ilegales, irregulares, prematuras o mal gestionadas. Colombia suscribió este convenio desde 1996. El ICBF verifica su aplicación y acoge, además, las respectivas Guías de Buenas Prácticas para el control de sus procesos internos y del funcionamiento de los organismos extranjeros acreditados como mediadores en la adopción internacional. Adicionalmente, desde el año 2000, la realización de adopciones sin el cumplimiento de los requisitos legales, con ánimo de lucro, o sin la respectiva licencia del ICBF, está catalogada como delito.

En el 2006 fue expedido el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual establece un principio de corresponsabilidad: la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y protección de los menores. En esta medida, cuando una familia no cumple con la responsabilidad que le corresponde frente a un niño o adolescente, el Estado debe intervenir a través del ICBF. La intervención busca restablecer los derechos del menor e incluye, para este propósito, apoyar y fortalecer el grupo familiar. Se acude a la adopción solamente cuando, a pesar de los esfuerzos, no se consigue garantizarle al niño una protección integral dentro de su familia.

Este código define la adopción como una “medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paternofilial entre personas que no la tienen por naturaleza”, y reglamenta minuciosamente varios aspectos de la adopción. Se busca, en particular, que el consentimiento esté exento de error, fuerza y dolo, y tenga causa y objeto lícitos. Solo permite el consentimiento dirigido a adoptantes determinados cuando el menor sea pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad, haya afinidad hasta el segundo grado o sea hijo de su cónyuge.

En la actualidad, además de la existencia del marco legal mencionado, el ICBF cuenta con una Subdirección de Adopciones que procede siguiendo un Lineamiento Técnico de Adopción, que “incorpora todas aquellas leyes, convenios internacionales, doctrina, jurisprudencia, buenas prácticas, conceptos y teorías que permiten minimizar los riesgos y fortalecer la adopción de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que por sus características y necesidades especiales aún no tienen una familia que los apoye”.

A partir de lo anterior, puede verse por qué hoy en día resulta sumamente difícil que lleguen a ocurrir irregularidades tan reprochables e indignantes como las que recogen los reportes presentados por los investigadores holandeses. Tanto la legislación como la institucionalidad se han ido desarrollando y fortaleciendo en buena medida para evitar este tipo de irregularidades, y en la actualidad existen múltiples instancias de control y garantía. La condena más que justificada frente a los responsables, por acción u omisión, de las adopciones irregulares que puedan haber ocurrido en el pasado no debe llevar al rechazo de la adopción en la actualidad. Solo entre 2010 y 2020 se realizaron en Colombia, con todas las garantías, 16.728 adopciones, de las cuales 7.872 fueron por parte de familias colombianas y 8.856 por parte de familias extranjeras. Estas incluyeron 4.043 menores con características y necesidades especiales. Detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que, gracias al programa de adopción, encontraron una familia. Lo que corresponde es apoyar y fortalecer aún más el programa de adopción, para desarrollar lo mejor posible la adopción en beneficio de todos los menores que carecen de una familia en la actualidad y de todos los que vendrán.

Olga María Velásquez de Bernal

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