EPM, en crisis; preguntas pertinentes

EPM, en crisis; preguntas pertinentes

¿Es la crisis que se vive el resultado de inexperiencia, ambición, incompetencia u otros motivos?

18 de agosto 2020 , 02:06 a. m.

* Columna de Alfonso Sánchez Cadavid.

El alcalde de Medellín ha tenido dos intervenciones cuestionables con respecto a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Una es la presentación al Concejo municipal de un proyecto de acuerdo para cambiar los estatutos de la Empresa sin estudios justificativos previos, que luego retiró anunciando que volverá a someterlo en octubre de 2020. La otra es la solicitud de conciliación prejudicial ($ 10 billones) con los ingenieros diseñadores, interventores y constructores de Hidroituango para que paguen los sobrecostos y la pérdida de ingresos causados por las demoras en el proyecto.

Son decisiones trascendentales para EPM, para los contratistas y para Medellín que no fueron discutidas con la Junta Directiva antes de proceder. El alcalde argumentó que legalmente no tenía que llevarlos a la Junta. La Junta renunció en masa el martes pasado. Este no es un problema local, ya que su impacto se reflejará en el abastecimiento de energía para todo el país.

Remito al lector a los comentarios públicos que varias organizaciones y comentaristas respetables han emitido sobre la inconveniencia, la extemporaneidad y los riesgos asociados con un cambio del objeto social de EPM improvisado y sin soporte técnico y analítico adecuado.

En lo financiero, una consecuencia inmediata de estas acciones ha sido una reducción en la calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras internacionales por el deterioro que perciben del gobierno corporativo de EPM. Otra, potencialmente desastrosa, es la reacción de las aseguradoras del proyecto, que ya habían empezado a pagar el siniestro causante del atraso como un caso fortuito, pero que ahora la demanda entablada contra los contratistas transforma en un caso de negligencia culposa.

Entablar una demanda contra los contratistas del proyecto de Hidroituango en este momento es como pelear con los bomberos mientras se quema la casa. ¿Por qué no se podía esperar hasta cuando se estabilice Hidroituango o hasta cuando se termine la obra? Dice el alcalde que podría haber un vencimiento de términos si no se demandaba ahora. ¿No era posible pedir una prórroga? El alcalde dice que entrará en una conciliación que legalmente duraría tres meses. Es imposible resolver este tema en ese corto tiempo, o sea que el paso siguiente es el proceso judicial. Otros procesos similares han durado años y algunos, décadas.

Este es un litigio que va a tomar años resolverse, va a costar millones en abogados y tiempo, y en el que posiblemente perdamos todos. Habrá que demostrar que hubo negligencia culposa por parte de los contratistas, tarea bastante difícil. Al fin y al cabo, las decisiones de alterar la estrategia de manejo del río y la secuencia de construcción debieron ser colegiadas y aprobadas por EPM. Es difícil creer que los consultores, interventores o contratistas hubieran ejecutado las modificaciones por su propia iniciativa en materias tan graves. No se puede tampoco sustentar la demanda con base en estudios de causa raíz del siniestro que solo analizaron las causas técnicas, muy debatibles, y no examinaron otras posibles como documentación confusa, vacíos o ambigüedades en las cadenas de decisión, documentación procedimental defectuosa, etc.

Es posible también que, además del deterioro del ambiente de colaboración ahora tan necesario, algunas firmas, especialmente las consultoras, no resistan la carga económica y gerencial que conlleva administrar una demanda de esta magnitud y complejidad y sucumban antes de terminar el proyecto. ¿Qué plan tiene EPM para manejar esta eventualidad? ¿Cómo y a quiénes va a contratar para resolver el problema? ¿Se han analizado las consecuencias extendidas de que estas firmas sucumban? ¿Quedaremos en el futuro de nuevo en manos de consultores extranjeros y con una capacidad de construcción local disminuida, como hace 50 o 60 años? Estas firmas, así sean privadas, son también un patrimonio de Antioquia, de Medellín y de Colombia.

Antes de demandar, ¿no se podría haber formado un panel de componedores amigables con expertos legales y técnicos para analizar responsabilidades y proponer fórmulas de arreglo, vinculantes o no? Ahora, con el caso en manos de justicia, las partes perderán el control sobre el proceso y los resultados.

El papel de un administrador público va más allá del mero cumplimiento a rajatablas de las normas legales. Su obligación ética es tomar las mejores decisiones posibles para la comunidad, buscando opiniones diversas y adelantando todas las consultas y los estudios necesarios. ¿No sería mejor para el alcalde y para todos, si es posible, hacer un alto y replantear la estrategia antes de que sea muy tarde?

Es legítimo preguntar por qué el alcalde prefirió no consultar a su junta. ¿Es la crisis que se vive el resultado de inexperiencia, ambición, incompetencia u otros motivos? Es preocupante que los gobernantes decidan violar las normas de buen gobierno para ver si les funciona y después ir 'in crescendo' con sus ambiciones hasta convertirse en emperadores sin control. ¿Habrá ahora una junta de bolsillo para endosar los planes del alcalde sin el debido rigor analítico?

ALFONSO SÁNCHEZ CADAVID

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