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El fallo contra Reficar

El fallo contra Reficar

Da una señal nefasta al que se involucre en gerenciamiento de proyectos de infraestructura pública.

30 de abril 2021 , 09:25 p. m.

La Contraloría General de La República, en el auto 749, del 26 de abril del 2021, falló en primera instancia condenando a la mayoría de los investigados en el caso Reficar, inclusive miembros de la junta directiva, por deterioro patrimonial. Según la Contraloría, la mala gestión de la junta causó sobrecostos del proyecto por 2,94 billones de pesos. Los imputados tendrán que reponer ese dinero.

Este fallo, así no sea ratificado, envía una señal nefasta a todo el que pretenda involucrarse en el gerenciamiento de proyectos de infraestructura pública.

El auto evalúa los perjuicios y sustenta los cargos basándose en una metodología a nuestro juicio inadecuada para evaluar el manejo de megaproyectos. Son cinco las razones: 1) considera el costo inicial estimado como cierto e inamovible, ignorando la incertidumbre, o su posible subestimación; 2) da mayor peso al cumplimiento de normas y procedimientos que a la problemática real existente en cada momento y a la calidad de su gestión; 3) requiere que los directores tengan un conocimiento igual o superior al de los especialistas que los asesoran para cuestionar sus recomendaciones e imponer las propias; 4) usa indicadores financieros cuestionables para evaluar la calidad de las decisiones; y 5) cuando los costos aumentan, no evalúa si los esfuerzos de la junta fueron adecuados para controlarlos ni explica si había mejores alternativas. En pocas palabras: la Contraloría supone total certeza, que no es la realidad inevitablemente incierta de los megaproyectos de infraestructura.

¿Cuál es, entonces, la señal que envía el fallo? Que quienes ocupen puestos de responsabilidad en el manejo de proyectos de infraestructura deben evitar tomar decisiones.

La responsabilidad de un administrador que se enfrenta con esta incertidumbre es tomar en cada momento las medidas que minimicen el riesgo remanente y el impacto negativo en el patrimonio de la empresa, con la información existente en el momento de tomarlas. La experiencia internacional demuestra que no es posible eliminar la incertidumbre inherente en el caso de megaproyectos complejos y prolongados, solo es posible gestionarla. Este debería ser el patrón para evaluar una gestión.

Cuando se determinó que los costos serían mayores que los previstos, la junta adoptó medidas correctivas y exploró diligentemente las opciones posibles, como cambiar el contrato, cambiar de contratista o abandonar el proyecto. El análisis de estas demostró que eran más costosas que continuar con el proyecto y todas presentaban riesgo e incertidumbre. Se trataba de tomar la mejor decisión con la información disponible en el momento, sin el beneficio de la visión retrospectiva. Por ejemplo, la junta rechazó la opción de abandonar el proyecto porque, en ese momento, ello habría implicado pérdidas mayores que continuarlo, así no fuera con la rentabilidad inicialmente estimada. Este principio elemental de evaluación de proyectos puede ser incomprensible para el lego, pero es esencial para la protección del patrimonio. En vez de abandonar el proyecto, la junta prudentemente ordenó la recolección cuidadosa de todos los elementos para llevar a un tribunal de arbitramento sus diferencias con el contratista, como efectivamente lo hizo. El fallo de este tribunal está pendiente; los cargos de la Contraloría lo debilitan innecesariamente.

¿Cuál es, entonces, la señal que envía el fallo? Que toda decisión es cuestionable después de los hechos y que, por consiguiente, quienes ocupen puestos de responsabilidad en el manejo de proyectos de infraestructura deben evitar tomar decisiones. Deben botarle la pelota al de al lado. Deben protegerse por anticipado, sobreestimando los costos más allá de cualquier cálculo probabilístico. O, mejor aún, deben evitarse todo ese enredo y olvidarse de cualquier megaproyecto. Si Colombia está atrasada en muchos aspectos de su infraestructura, es obvio que no se va a poner al día mientras la Contraloría insista en sus metodologías basadas en certezas a posteriori.

Jaime Millán y Alfonso Sánchez
Exjefe de la Sección de Economía de la División de Energía del BID y exjefe de la Oficina de Políticas de Contratación del Banco Mundial, respectivamente.

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