Cuatro grupos ciudadanos iniciaron el proceso para revocar a Enrique Peñalosa haciendo uso de esta herramienta, creada para retirar de su cargo a un alcalde que esté abiertamente incumpliendo el programa de gobierno o cuando exista insatisfacción con su gestión. Un año resulta casi imposible para pedir resultados a un gobierno, más allá de lo alcanzado: reacomodo administrativo, mejoras en seguridad y el inicio de los procesos licitatorios necesarios para grandes obras, entre otros. Por eso, la revocatoria suena más a estrategia con sesgo ideológico de la oposición que a una intención clara de la ciudadanía por sancionar a su gobernante por incumplir o por tener pobre desempeño administrativo.
En ProBogotá creemos que revocar a Peñalosa por motivos ideológicos es un precedente fatal para la gobernabilidad de las ciudades. Que la oposición no esté de acuerdo con el modelo de ciudad del alcalde de turno no es motivo suficiente para adelantar una revocatoria, corriendo el grave riesgo de sumir a la ciudad en un limbo de desgobierno. Es cierto que los temas que impulsan la revocatoria generan controversia, pero también lo es que fueron planteados en campaña y posteriormente en el Plan de Desarrollo –que fue aprobado por el Concejo–. El momento oportuno para oponerse o apoyar era durante elecciones o en la discusión del plan, pero no ahora.
Además, la revocatoria cae en el peor momento, cuando la ciudad está entrando en una senda de recuperación, distrayendo al Gobierno de sus labores, forzándolo a dedicar parte de su tiempo a su defensa, a la vez que enfrenta y polariza. ¿Qué puede pasar?
La Registraduría deberá dar vía libre al proceso de recolección de firmas el 17 de enero. A partir de ahí, los comités contarán con hasta 6 meses para presentar las 271.818 firmas requeridas para llamar a elecciones. Tarea nada difícil en una ciudad del tamaño de Bogotá. De lograrlas, se estarían radicando máximo en julio, y serían revisadas en un mes. Si cumplen los requisitos, se convocarían elecciones antes de dos meses, a más tardar septiembre/octubre. De nuevo, campaña. En vez de tener un gobierno resolviendo problemas, probablemente lo veremos en las calles buscando votos.
El día de la votación se deberán depositar 1’092.229 votos (40 por ciento de los válidos en las elecciones pasadas). Para revocar se requiere la mitad más 1 (546.116 votos). Aunque no es fácil, tampoco imposible. ¿Y si resulta revocado el Alcalde? El Presidente debería removerlo del cargo de inmediato y nombrar un encargado. Y dentro de los 30 días siguientes, habría nuevas elecciones para escoger al sucesor para el resto del periodo. Es decir que antes de que acabe el año podríamos tener una segunda campaña, y un nuevo alcalde posesionándose en el 2018.
Perderíamos un año en firmas, campañas, elecciones, y lo realmente importante quedaría de lado. Además, llegaría un nuevo mandatario con nueva agenda y equipo solo por dos años. La revocatoria tampoco puede no prosperar. Igual, el año sería perdido. Y mientras, ¿la ciudad qué?
La baja representatividad de los gobiernos en Bogotá no es exclusiva de esta alcaldía; es un fenómeno causado por la cantidad de candidatos y los pocos votos (mayoría simple) con los que se puede elegir alcalde. Entonces, más allá de la coyuntura, en el fondo debemos pensar en una solución que permita que la ciudad avance y no se quede atorada en rencillas ideológicas.
Creemos que instaurar la segunda vuelta en las grandes ciudades puede ser la solución que permita que los alcaldes sean elegidos con porcentaje representativo y se eviten situaciones que lleven a procesos arduos y engorrosos que a la postre, más que afectar al Gobierno, nos terminan afectando a todos los ciudadanos.
Luis Guillermo Plata
* Presidente de ProBogotá Región
