Una movilización por mayor equidad

Una movilización por mayor equidad

La que se hace en favor del aumento de presupuestos para universidades oficiales es trascendental.

11 de octubre 2018 , 12:08 a.m.

Enhorabuena, el movimiento estudiantil se levanta una vez más y pide atención para la educación superior. Con la movilización de ayer, la opinión se pregunta cómo financiar la universidad pública y por qué no se asume como algo natural que los chicos de los sectores populares con ganas y capacidad puedan estudiar la carrera que les interese en una buena universidad. Hay que conocer varios hechos para fijar una posición en torno a las reivindicaciones de los estudiantes.

En primer lugar, el gasto público en educación superior como porcentaje del PIB es muy bajo en Colombia (0,8 por ciento), en comparación con el de América Latina y la Ocde. Y, más relevante aún, son muy escasos los ejemplos de países en los que el gasto privado supera el público, y Colombia es uno de esos casos. Esos dos datos explican la profunda inequidad del sistema, pues quien no tiene acceso a un cupo oficial ni plata para pagar su educación queda excluido. Como, en efecto, demuestra la concentración brutal de la matrícula en las principales ciudades y los sectores de mayores ingresos.

También es cierto que el país ha aumentado la cobertura de la educación superior en los últimos años. Tanto por un mayor esfuerzo de las familias como porque las universidades públicas han ampliado su matrícula para atender la demanda creciente, a pesar de que sus ingresos no crecen. Entre tanto, los costos de ofrecer educación de alta calidad son cada vez mayores en todo el mundo y, por eso, o los subsidios por estudiante o los costos de las matrículas suben en todas partes (en Colombia también suben, excepto para los pregrados en las universidades oficiales, especialmente las de provincia).

Es decir, primera conclusión: no es con el esfuerzo adicional de las universidades públicas para cobrar los posgrados y los servicios de consultoría (que ha crecido mucho) como se cubrirá un déficit creciente, ni con esos recursos se va a aumentar la oferta para llevarla a donde más se necesita. Ni será con rubros inestables como los recursos Cree o las estampillas como dejaremos de seguir negándoles a muchos jóvenes un derecho que tienen.

Y hay que decir también que un sesgo privatizador y economicista radical en el Gobierno Nacional, que ve la educación superior solamente como un camino para la productividad y la universidad humanista, crítica y autónoma como un lastre, ha propiciado cosas muy graves. Como que se deje caer la infraestructura de las universidades más importantes del país; que se permita florecer, incluso con acceso a recursos públicos como los créditos del Icetex, a universidades privadas de garaje; que un fondo de becas de excelencia que era una buena idea se convirtiera en un mecanismo de transferencia de talentos y recursos a unas pocas universidades privadas; o que el Sena aumentara su oferta tecnológica aislándola de la universidad pública y prioritariamente para sectores económicos y territorios atractivos para el capital dominante.

Por eso, la movilización en favor del aumento de los presupuestos para las universidades oficiales es trascendental.

Pero la moneda tiene otra cara. De un lado, hay universidades públicas con estructuras de costos muy diferentes (la Nacional cuesta por estudiante hasta diez veces lo que cuestan algunas instituciones de provincia), y, a menos que generemos recursos para todo el sistema y para oferta nueva en zonas apartadas, financiar prioritariamente las instituciones más costosas, que son las que tienen mayor voz en esta protesta, significaría aplazar las necesidades de las que, teniendo presupuestos más modestos y ubicadas en zonas más remotas, pueden ser estratégicas para atender a quienes más lo necesitan.

De otro lado, las universidades en general, y las públicas y el Sena en especial, han sido muy inflexibles y poco dadas a la cooperación entre instituciones diversas. Lo cual ha llevado a que no homologuen créditos entre ellas ni desarrollen mecanismos de transferencia para llegar a zonas remotas, como la articulación entre la educación media y la superior o los Ceres. Y esa inflexibilidad implica mayores costos e inequidades atribuibles, en parte, al Gobierno Nacional y, en gran medida, a las propias universidades y el Sena.

Y también es cierto que así como hay universidades públicas muy productivas y bien administradas, en otras, el clientelismo, la improvisación y la corrupción han hecho de las suyas, abusando de la autonomía. Y dándoles una excusa a los privatizadores para cuestionarlas.

Además, no es solo el presupuesto nacional el que puede ayudar. Los casos de Bogotá y Medellín, que financian con recursos propios una parte importante de la oferta de universidades e institutos tecnológicos públicos en sus territorios, demuestran que los demás departamentos y municipios podrían aportar y no lo hacen. Y, por ejemplo, los recursos de regalías no se han destinado, sino marginalmente, a financiar educación, cuando es su principal razón de ser.

Por último, el asunto más polémico: aunque sea cierto que hay que pagar no solamente la matricula, sino también el sostenimiento de los estudiantes pobres mientras se forman, también es verdad que la condición de un estudiante que ha llegado a ser bachiller y ha logrado ingresar a una universidad no es de pobreza estructural, sino de iliquidez temporal, pues si su formación fue buena, a la larga, sus ingresos serán mucho más altos que los del promedio de la población. Mientras los niños que no ingresan a la educación inicial y básica, así como los jóvenes sin acceso a la educación media, sí están condenados a la pobreza si no se subsidia completamente su educación, sin esperar hacia el futuro nada distinto a su desarrollo personal. Así que la financiación contingente al ingreso (el aporte futuro de un profesional para pagar su educación superior si sus ingresos se lo permiten) no tendría que ser satanizada como lo está siendo.

Así que el sistema necesita varios ajustes, y sin duda uno de ellos sería sumar unos cuantos billones anuales al sistema público de educación superior. Pero es un imperativo moral que esos incrementos pasen por el acceso en el mundo rural, por la convergencia entre la educación media y la educación superior, y por el compromiso de todos los que podemos aportar. El sistema es hoy muy excluyente, y si la movilización actual solo sirve para inyectar presupuesto a las universidades públicas y cubrir su déficit actual de funcionamiento con el mismo modelo académico y financiero, esa inequidad en nada se tocará.

Un saludo entusiasmado a la movilización por mayor presupuesto para la universidad pública y un llamado a que la equidad en el acceso lidere esa movilización.

ÓSCAR SÁNCHEZ
Coordinador Nacional Educapaz@OscarG_Sanchez

Columnistas

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