Colegios en concesión (primera entrega)

Colegios en concesión (primera entrega)

¿Por qué un gobierno aprueba entregar a alguien colegios que no alcanzará a construir?

02 de agosto 2018 , 12:00 a.m.

El alcalde de Bogotá y la mayoría del Concejo quieren ampliar de 22 a 35 los colegios en concesión (ahora se llaman por administración del servicio educativo). Por acuerdo distrital aprobaron hace dos semanas los recursos para que las nuevas infraestructuras que se entreguen en la ciudad en los próximos años sean ocupadas por estudiantes, profesores, directivos y proyectos pedagógicos que no dependen directamente del gobierno. 

A través de un contrato de largo plazo el estado pagará la educación y establecerá algunos criterios de gestión, pero esencialmente, delegará la responsabilidad en el contratista: una entidad religiosa, una caja de compensación, un colegio o universidad privada o una organización no gubernamental con experiencia en educación popular. Es un decisión apresurada e inconveniente.

Es apresurada, porque los colegios no están construidos y los estudiantes no podrían comenzar sus estudios en 2019 (y yo diría que en su gran mayoría tampoco en 2020), porque no hay edificio, dotación ni docentes. El gobierno actual no puede tramitar los recursos legalmente en 2019, pero eso no es razón para hacerlo ya, contratar, y dejar amarrado a un nuevo alcalde cuyo interés en esta modalidad está por definirse, con compromisos que solo se podrán poner en marcha por el gobierno de ese momento.

Y es inconveniente porque profundiza la división entre dos polos muy alejados. Apoyar u oponerse a que las organizaciones privadas puedan ofrecer educación con recursos públicos se ha vuelto más una puja de poder que un asunto ético o técnico. Una manera de ganar adeptos desde posiciones acríticas. El antisindicalismo y la ideología neoliberal, que están en la médula de la decisión tomada por el alcalde Peñalosa y su bancada en el Concejo, son tan poco objetivos como la descalificación a ultranza de todo educador por no ser oficial, que anima a muchos opositores de las concesiones. Lo esencial, que es preguntarse qué les conviene a los estudiantes y a la sociedad brilla por su ausencia. Y por eso, lo oportuno seria separar los elementos valiosos de los argumentos de ambos polos, antes de imponer con la mayoría de un bloque político una decisión sin suficiente acuerdo.

Apoyar u oponerse a que las organizaciones privadas puedan ofrecer educación con recursos públicos se ha vuelto más una puja de poder que un asunto ético o técnico.

En una columna en las próximas semanas estaré comentando los logros y carencias demostrados de las concesiones en Bogotá y en el país, los mitos que hacen que se generalicen sus virtudes o sus defectos y los efectos no previstos que ha traído el experimento. También explicaré qué tiene que ver esa experiencia con tres siglos de historia delegando la educación adonde el Estado no quiere o no puede llegar en las ciudades y sobre todo en el mundo rural.

No obstante, adelanto que la inconveniencia de ampliar el esquema se basa en las experiencias en Colombia y en el mundo. En Estados Unidos, en Suecia y en Chile, para citar tres ejemplos muy significativos, lo que demuestran los estudios a la larga es que la diferencia en resultados de aprendizaje académico y de formación integral no está relacionada con el carácter oficial o privado de un colegio, sino con la vocación y preparación de los educadores, la claridad de proyecto y la confianza y trabajo mancomunado entre familias y comunidades, colegios y estudiantes. Y en cambio, en todos los casos estudiados se ha demostrado que segregar estudiantes entre sistemas oficiales, privados y contratados por el estado, sí ha tenido impactos negativos en la equidad y la cohesión social. Quizás bastaría con un dato que pone a Colombia como ejemplo: somos el país con la educación más privatizada entre los miembros de la OCDE (junto a Chile), y el de peor resultado en aprendizajes.

No se trata de desconocer el mérito de aquellas organizaciones privadas que han demostrado ofrecer educación tan buena, como la de los mejores colegios oficiales del país a costos muy bajos. Ni de calificar de “mero negocio”, como hacen muchas voces injustas, a algo que en realidad es buena educación sin ánimo de lucro. Tampoco quiero desconocer que muchas familias prefieren las concesiones, porque no van a paro, porque su propuesta educativa es nítida y constante, o porque en muchas de ellas los docentes y directivos dedican más tiempo extra a los estudiantes y sus familias que en la generalidad del sistema público.

Pero si hay preguntas para hacerse, como: ¿por qué un gobierno aprueba entregar a alguien colegios que no alcanzará a construir?, ¿por qué negarles unas buenas infraestructuras y la oportunidad para poner en marcha proyectos educativos sólidos con jornada completa a los mejores educadores oficiales que han logrado buenos resultados en los últimos años?, ¿para qué seguir creciendo en el modelo de concesiones con el argumento de la transferencia las buenas prácticas del sector privado a todo el sistema público, si es algo que hasta ahora no hemos conseguido?, ¿por qué alegar la economía de un esquema que ahorra pagándoles mal a los docentes? No puedo juzgar los motivos que mueven a Enrique Peñalosa y sus aliados políticos a esta decisión, pero no me extrañaría que fuera porque se quieren ahondar los conflictos más que resolverlos.

ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz

Columnistas

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