Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Es deprimente que un cadáver como esta Sala siguiese actuando.

14 de septiembre 2020 , 12:41 a. m.

El régimen disciplinario de los abogados, jueces y magistrados de Tribunal fue encomendado en Colombia, por la Constitución Política de 1991, a un organismo mal concebido y peor conformado.

Es deprimente que un cadáver como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura siguiese actuando, luego de expedido el acto legislativo 2 de 2015 (1.º de julio), “reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”, que la reemplazó por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que no entró en funciones como debía, porque el Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2017, con 10 salvamentos de voto, anuló por inconstitucional el decreto 1189 de 2016 de la convocatoria para designar a sus miembros, estando a la espera de reglamentación, que no se produjo a tiempo por omisión congresual.

Es de observar que en dicha sentencia el Consejo de Estado también dispuso “EXHORTAR al Congreso de la República”, para que en un término no mayor del año siguiente a la notificación de esa sentencia reglamentase la convocatoria pública de que tratan los artículos 126 y 257A de la Constitución.

Tales exhortos, así mismo utilizados por la Corte Constitucional, nunca los acata el Congreso, probablemente en su vanagloria de considerarse ultraautónomo y omnímodo, dado el origen “democrático” de su integración, o más bien porque la Corte que los expide no ofrece burocracia, ni adjudica contratos, ni estimula debates, como sí lo hacen la Rama Ejecutiva y parte de la empresa privada.

Por cierto, el incumplimiento de tales exhortos puede ser constitutivo de contravención y/o delito (prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial), pero nunca ha motivado queja ni denuncia por parte del órgano exhortante desatendido, ni acción alguna disciplinaria, ni penal por la correspondiente Sala de la Corte Suprema de Justicia, contra los numerosos responsables del desacato.

Mientras tanto dos sinvergüenzas, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, “un politiquero que no ha brillado por sus luces jurídicas sino por los escándalos en los que ha estado” (Daniel Coronell, Semana, Bogotá, 2 de febrero de 2019), y Julia Emma Garzón, cuya participación en el “carrusel de las pensiones” no ha sido esclarecida, sobrepasaron de manera vasta el período de ocho años para el cual fue nombrado cada quien y siguieron devengando mañosamente, alternándose la presidencia de la corporación y acompañados por un séquito de “colegas” que ellos se han dado la maña de designar,.

Todo ha sido alcahueteado por la comunidad en general, y por los juristas pasibles de las actuaciones disciplinarias desde tal Sala en lo nacional, al igual que las seccionales, en otra grave muestra de indolencia y pusilanimidad, desidia que parece indicar que hay quienes merecen estar sometidos a instituciones descompuestas.

La inconciencia en la elaboración de las ternas por el Gobierno y en la elección por el Congreso Nacional, con desprecio hacia la idoneidad y la probidad y por el deseo de infiltración y manipulación sobre la Rama Judicial del Poder Público, no ofrece aún garantía de superación. Los siete magistrados de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial van a ser nombrados por el Congreso en pleno, tres de ternas enviadas por el Presidente de la República, eso sí, “previa convocatoria pública reglada”, que falta ver cómo queda.

Para más muestra de truhanería, Garzón y Sanabria, probablemente aupados por la consabida inacción de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, buscaron desacatar lo ordenado terminantemente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 2020 (27 de agosto, M. P. Gloria S. Ortiz Delgado), a la cual posteriormente se hará referencia.

NILSON PINILLA

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