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Las fronteras incendiadas

Es evidente que el conflicto se descentralizó y cambió sus lógicas de guerra.

Néstor Rosanía
A partir de la alerta que dio el defensor del Pueblo, Carlos Negret, de 17 nuevos grupos armados ilegales en Colombia, y la cantidad de sucesos de violencia que se vienen presentando en las zonas de frontera, es necesario hacer una evaluación de cómo va la seguridad en Colombia al cumplirse el primer año del gobierno Duque. Para esto hay que decir tres cosas. En primer lugar, el conflicto armado está en una transición histórica.

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Estamos pasando de un conflicto ideológico político de derechas e izquierdas armadas a uno por portafolios de economías ilegales. Quiere decir que la multiplicidad de actores armados ya no buscan ni la toma del poder ni una participación política: a lo que aspiran es a tener el control de cuatro grandes rentas: narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilegal de combustible y extorsión.
Lo segundo es que estas organizaciones ya no tienen una lógica de guerra en términos de control territorial central y búsqueda de desconexión de las grandes capitales. Al contrario, ubican las fronteras como zonas de retaguardia estratégica, pero en especial porque allí es donde tiene el corredor para la salida de la droga y la compra de armas.

Se necesita no solo presencia militar y policial, sino también una decidida presencia institucional

Tercero, estas organizaciones se descentralizaron. Esta podría ser una radiografía de cómo están hoy las fronteras. En la frontera con Venezuela están el Eln, el Frente Libardo Mora Toro (‘los Pelusos’), disidencias del frente 33 de las Farc, el ‘clan del Golfo’, ‘la Frontera’ y ‘la Línea’. Estas dos últimas, estructuras del narcotráfico venezolano que hoy están en alianzas con el ‘clan de Golfo’ para combatir al Eln.
En la frontera con Brasil están las disidencias del frente 1, 7 y 10 de las Farc, que siguen con el control de rutas y venden la droga a las mafias de la Familia del Norte y el Primer Comando Capital de Brasil. En la frontera con Panamá están ‘los Caparrapos’, el ‘clan del Golfo’ y el Eln. En la frontera con Ecuador y la salida por la costa Pacífica nariñense y caucana están las Guerrillas Unidas del Pacífico, el frente ‘Oliver Sinisterra’, el Eln, el frente Liberado Mora Toro (‘los Pelusos’), el ‘clan del Golfo’, ‘la Empresa’, reductos de ‘Gente del Orden’ y las disidencias de frente sexto de las Farc.
Con esta radiografía es evidente que el conflicto se descentralizó y cambió sus lógicas de guerra, razón por la cual la estrategia en materia de seguridad también se tiene que ajustar a las nuevas realidades, hecho que aún no ha sucedido y, por el contrario, las amenazas siguen creciendo.
Para enfrentar estas nuevas realidades, el Gobierno tiene tres grandes retos: primero, tener la capacidad autocrítica y reconocer el error de haber puesto a Guillermo Botero como ministro de Defensa, y relevarlo del cargo. Botero desconoce las dinámicas del sector, las teorías de las nuevas guerras y llegó al cargo por favores políticos y no por su experticia en materia de seguridad. Su falta de liderazgo en la creación de estrategias es la constante en un año de su gestión.
Segundo, replantear la estrategia de seguridad, que sigue con una lógica de lucha contrainsurgente como si se siguieran atacando las Farc del 98 y no una multiplicidad de grupos descentralizados que cada vez tienden más a operar en células y fraccionan el mando, control y comunicaciones.
Tercero, entender que mientras el Estado no llegue con una oferta real y tangible en términos de empleo, economías legales, educación, infraestructura, etc., la delincuencia tendrá un caldo de cultivo para seguir operando en zonas apartadas y sumidas en la pobreza.
Se necesita no solo presencia militar y policial, sino también una decidida presencia institucional. Así las cosas, y cumpliendo el primer año de gobierno Duque, podemos decir con este panorama que en materia de seguridad, las cosas no van bien, y, aunque el Gobierno llegó con el discurso de seguridad, al día de hoy, esta es la materia que tiene perdida.
* Director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz
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Néstor Rosanía
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