Por la vida de los líderes y de los excombatientes

Por la vida de los líderes y de los excombatientes

No puede desestimarse que los grupos armados son los autores de más de la mitad de los crímenes.

25 de octubre 2020 , 01:37 a. m.

Es una tragedia nacional que se siga asesinando a líderes sociales, indígenas y excombatientes. Esto tiene que parar, no cabe duda, a partir de la acción de todos. Lo repudiable es que, en medio de este dolor colectivo, unos sectores convoquen “marchas por la vida” para utilizarlas políticamente, sin desenmascarar la realidad.

Debemos empezar por reconocer que todas estas pérdidas de vidas no tienen origen, como en el pasado, en una política de Estado. De los 269 reinsertados asesinados, sólo en 2 casos las autoridades han encontrado que el victimario es agente del Estado. Y respecto de 398 homicidios cometidos entre 2016 y 2020 contra líderes sociales, según la lista reportada por Naciones Unidas, en 4 eventos se asigna responsabilidad a la Fuerza Pública.

Adicionalmente, hay que aceptar que estos crímenes no están quedando impunes. La Fiscalía ha esclarecido el 50 por ciento de los homicidios de excombatientes y el 60 por ciento de los líderes sociales, en medio de circunstancias muy adversas para la investigación. Pero para la burocracia internacional y algunas ONG, este esfuerzo no cuenta, porque solo les sirven sentencias condenatorias, haciendo caso omiso de que, a partir de evidencias y no de cuentos, los jueces libran las capturas y dan curso a las imputaciones, sin que sea posible tener sentencias más rápidamente, por el modelo de sistema penal acusatorio que nos vendieron.

Todos los estudios aceptan que los agresores en los territorios son principalmente bandas que se consolidaron en el posconflicto, dedicadas al negocio de la droga y de la minería ilegal, que se han ensañado contra valientes líderes sociales que defienden la legalidad en sus territorios y promueven la erradicación.

Sin embargo, quienes siempre acusan al Estado de estas muertes marchan contra él acompañados de las banderas de Coccam, la coordinadora nacional de cultivadores coca, marihuana y amapola, una asociación de objeto ilícito, que confronta al Estado, en defensa de los cultivos ilícitos. ¡Qué incoherencia! ¿No entienden que en los territorios de la paz, la guerra se volvió a imponer por la maldita droga?

No puede desestimarse que los grupos armados organizados, en especial las disidencias de las antiguas Farc, son autores, junto con el Eln, de más de la mitad de los crímenes contra los exguerrilleros. Pero se responsabiliza al gobierno de turno, a sabiendas de que se trata de fuego amigo de los excombatientes, por razones inconfesables.

Causa perplejidad que frente al frustrado intento de asesinato de Timochenko, hayan sido tan débiles las voces de rechazo de quienes están en la primera fila de la agitación y de los paros. El país hubiera querido tener certeza de que ningún sector conserva solidaridades con los responsables. Afortunadamente, en este caso la acción del Estado fue determinante, lo que demuestra el compromiso oficial en la defensa de los reincorporados.

Hay que desnudar todo este cinismo. Claro que el Gobierno tiene la responsabilidad de imponer el orden en los territorios y preservar la vida de estos colombianos. Pero quienes tanto trinan y tanto reclaman la intervención de los organismos internacionales en algún momento tendrán que denunciar, aquí y allá, la causa de las masacres y los asesinatos, señalando en particular a las disidencias y a sus compadres, los narcotraficantes. Su silencio es cómplice.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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