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Fajardo es incompetente

Fajardo es incompetente

Lo que está claro hoy es su irresponsabilidad para manejar los asuntos del Estado.

Da grima el giro que toman las discusiones públicas en el país. Cuando no prevalecen las pasiones, se hace evidente la precariedad del análisis o la argumentación sofista. Es lo que ha venido ocurriendo con ocasión de la reciente noticia de que el pre (¿o ‘past’?) candidato Sergio Fajardo será imputado por la Fiscalía.

Lo más grave de todo esto es que se contribuya a profundizar la desinstitucionalización del país. Porque frente a esta decisión de la justicia, se le transmite a la ciudadanía una idea equivocada de la realidad. Que se trata de “una locura” o de una “persecución política”, afirman los censores, sin siquiera permitir que se presente el caso ante los jueces. En medio de esta confusión, ¿cómo no se va a crear un clima de desconfianza frente a la justicia?

No causa perplejidad que los agentes políticos se pronuncien públicamente de esta manera. Pero que sean las voces de los principales economistas del país las que lo hagan en coro sí genera gran desconcierto, tratándose de un asunto estrictamente jurídico. Es falso, como ellos lo afirman, que al final se está enjuiciando al servidor por el comportamiento del dólar en un empréstito. La sindicación es distinta: se lo acusa de que antes de sustituir el endeudamiento de Antioquia por un empréstito en dólares, no se hicieron estudios sobre las perspectivas de la tasa de cambio ni la conveniencia de obtener una cobertura cambiaria.

El asunto no es cualquier tontería. En materia de contratación pública, por mandato de la Constitución y de la ley, rige el principio de planeación, de conformidad con el cual –en palabras de la Corte Constitucional– la Administración debe “realizar estudios previos”, para precisar el objeto del contrato, sus riesgos y las obligaciones de las partes (sentencia C-300 de 2012). De allí que el Consejo de Estado afirme desde el 2015 que “la ausencia de dicho principio ataca directamente la esencia misma del interés público, generando consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también para el interés general y para el patrimonio público”.

En el caso de Fajardo es inexcusable que hubiese sustituido una deuda por un empréstito en dólares, sin llevar a cabo los estudios cambiarios respectivos, como lo advierte la autoridad. Nótese, de nuevo, que nadie lo acusa por la devaluación del peso, sino por la indolencia de no haber efectuado estudios al respecto. Incumplió el principio de planeación, con grave daño para el patrimonio de los antioqueños, que dio lugar a un presunto contrato sin el lleno de los requisitos legales. Por causa de esta incuria, el endeudamiento del departamento se elevó a 1,2 billones de pesos. No se trata, entonces, de cualquier bicoca.

Este no es un escándalo nuevo, que haya resucitado en medio del debate electoral. Se investiga en la Procuraduría y a él ya se había referido años atrás María Isabel Rueda en una columna. Y es un asunto de todos los días; por ejemplo, son cientos los casos en los que la falta de estudios de prefactibilidad o factibilidad ha dado lugar a pérdidas millonarias por las que gobernadores de todos los pelambres han tenido que responder ante la justicia.

Serán los jueces los que definan si Sergio Fajardo cometió un delito. Pero lo que sí está claro hoy es su irresponsabilidad para manejar los asuntos del Estado. Con el problema de Hidroituango se hizo el de las gafas, con las graves consecuencias que se conocen. Y ahora queda en evidencia que es capaz de hacer cualquier transacción con cargo al erario, sin medir sus consecuencias. Es sobre esta incompetencia para lo público que debería girar el debate. ¿De verdad, puede pensarse que Fajardo encarna alguna “esperanza”?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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