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Errática política en Bogotá frente al covid-19

La nueva cuarentena significa una pérdida de ingresos laborales adicionales de 3 billones de pesos.

Néstor Humberto Martínez
Es evidente que la pandemia es un problema muy complejo en cualquier sociedad, que puede apenas mitigarse desde el punto de vista de salud pública y del crecimiento económico, con adecuadas políticas públicas.

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Hay varias conclusiones que hoy son verdad sabida a nivel global. Para empezar, que la única solución efectiva es la vacuna. Mientras se encuentra, los gobiernos han terminado aceptando que sus acciones tienen que hacer compatible el control de la expansión del virus, dar oportunidades a la economía para mantener una mínima productividad que evite una crisis social mayúscula y contar con un sistema de salud que pueda responder a la emergencia.
En este sentido, mientras Medellín se muestra como un modelo público de gestión hasta el momento, Bogotá sirve para todo lo contrario. Para empezar, la capital forzó el uso de la cuarentena de manera muy temprana, por razones “pedagógicas”. Los estudios muestran que en Europa, el confinamiento se dio en la fase expansiva del covid-19, con resultados a la vista, y que es limitada la eficacia de las cuarentenas obligatorias; datos de movilidad de Google a nivel mundial muestran que, pasado el primer mes, la conducta ciudadana tiende a relajarse progresivamente.
La política pública que se diseñó para Bogotá se construyó a partir de un modelo epidemiológico en el que se advirtió que el pico de la pandemia llegaría en junio. No fue así. Ahora se habla de agosto. Habrá que ver. En su momento el modelo fue objeto de críticas técnicas, y se alcanzó a demostrar que 7 de sus parámetros fueron tomados de un blog.
Las decisiones para ‘aplanar la curva’ buscaban poner a punto el sistema de salud, para enfrentar los momentos más críticos y salvar vidas. Se pretendía que, para junio, Bogotá doblara, por lo menos, su capacidad de UCI. Pero en este campo las cosas no pueden ser más erráticas. La alcaldía amplió en Corferias la oferta hospitalaria instalada, con 2.000 camas, para tratamientos ajenos a la pandemia, a un costo de 250.000 millones de pesos, cuando los esfuerzos debían orientarse a comprar ventiladores, capacitar personal y construir y readecuar unidades de cuidados intensivos Entrado el mes de julio, la culpa se le trasladó al gobierno de Duque, y la incuria distrital puso de presente que no había personal para atender los nuevos equipos y que las autoridades de la ciudad fueron incapaces de imponer el orden en el suroccidente de Bogotá, cuyas calles permanecieron visiblemente como mercados persas.
Hoy estamos en “alerta roja o naranja”, ya qué importa, y retrocedimos a marzo. El resultado no puede ser más perverso. Principalmente porque la ciudadanía, a la que se le había notificado el inicio de una fase de apertura, de esta manera ha perdido confianza en las decisiones oficiales; se calcula que la nueva cuarentena le significa a Bogotá una pérdida de ingresos laborales adicionales de 3 billones de pesos, y, claro está, los sectores empresariales quedan postrados de nuevo, sin tener certeza sobre el futuro. Esta política de ‘prueba y error’, causada por la inacción distrital en el tema de las UCI, da lugar a lo que en economía institucional se denomina un fenómeno de ‘inconsistencia temporal’, que genera incertidumbre y falta de credibilidad en las políticas.
Más grave aún, que las nuevas decisiones induzcan al contagio masivo. Con perplejidad oímos que la alcaldía ofreció 240.000 pesos a quienes acrediten adquirir el contagio a partir de la fecha. Es el típico incentivo perverso, en medio de tanta pobreza y marginalidad.
¿No será momento de que el Gobierno Nacional retome la conducción de Bogotá y, de paso, supere la permanente controversia con la alcaldesa?
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
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