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¿Nos vamos de Interpol?

Colombia ha honrado sus compromisos judiciales y ofrece extradición a nacionales y extranjeros.

Desde 1960 Colombia forma parte de la Organización Internacional de la Policía –Interpol–, en su interés de contribuir a la seguridad regional, perseguir el delito global y asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales a nivel mundial, en la lucha contra las distintas formas de criminalidad.
De hecho, durante muchas décadas se ha apreciado la presencia de Colombia como miembro activo de dicha agencia internacional, que vincula a 188 países. La comunidad de naciones ha participado de la experiencia colombiana y nuestro país se ha beneficiado enormemente del intercambio de información y de la cooperación en la lucha contra las drogas, el tráfico de personas, el ciberdelito, el lavado de activos y el ecocidio, especialmente.
La Interpol es muy conocida entre nosotros por sus circulares rojas, que son –tal vez– uno de sus servicios más importantes. En realidad son comunicaciones dirigidas a la policía del mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida en extradición por una autoridad judicial nacional o por un tribunal internacional. Técnicamente la circular roja no es una detención internacional. La orden proviene de una autoridad judicial competente del exterior, que se distribuye a través de Interpol.
Colombia ha honrado tradicionalmente sus compromisos judiciales internacionales, derivados de los acuerdos de cooperación, particularmente en relación con los efectos de las circulares rojas, gracias a la ley interna que permite, al menos hasta hoy, ofrecer en extradición a nacionales y extranjeros, con las limitaciones que derivan del acuerdo de La Habana, para hacer efectiva, en favor de los desmovilizados, la garantía de no extradición por delitos cometidos con anterioridad a la firma de la paz.
El problema que surge ahora es que nunca antes la Constitución y la ley habían restado eficacia a las decisiones de autoridades judiciales extranjeras relativas a órdenes de captura. Pero la ley recientemente aprobada sobre la paz total establece en varias disposiciones que, en el futuro, se suspenderán las órdenes de captura con fines de extradición, en favor de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley que ingresen en zonas especiales de ubicación o de los miembros de las Farc, acreditados por la oficina del alto comisionado, que hayan dejado las armas.
Se trata de un estropicio jurídico que carece de antecedentes en el derecho comparado. Porque ni la ley ni un acto de autoridad nacional pueden suspender órdenes de captura expedidas por organismos judiciales de otros países, ya que su ámbito de aplicación se limita a la jurisdicción nacional. A nadie se le puede ocurrir que por virtud de una decisión de nuestro Congreso o del Ejecutivo queden sin efectos las órdenes de captura libradas por una corte gringa o de la Audiencia Nacional española, para citar dos ejemplos.
Cosa distinta es que la ley hubiese dispuesto que las órdenes de captura emitidas en el exterior no se ejecutan en Colombia. Muy grave, por supuesto, a la luz del orden jurídico mundial, que por razones de reciprocidad podría dar lugar a respuestas similares. Si eso fue lo que se quiso decir, significaría que, en los casos precitados, las circulares rojas de Interpol se vuelven inejecutables y que, en la práctica, se acaba la extradición para los mismos. Si vamos hacia allá, habrá que decirlo con propiedad y revisar si ello afecta nuestra relación con Interpol y con nuestros aliados contra el crimen.

A nadie se le puede ocurrir que por virtud de una decisión de nuestro Congreso o del Ejecutivo queden sin efectos las órdenes de captura libradas por una corte de la Audiencia Nacional española

¿Por qué este problema no existía en el pasado? Porque las circulares rojas siempre se han ejecutado en nuestro territorio, sin perjuicio de que por decisión judicial o administrativa se opte por no ofrecer en extradición a los requeridos capturados, por orden de la justicia extranjera.
Se sabe que este próximo 8 de diciembre el Ministro de Justicia visitará el Departamento de Justicia americano. Ojalá tenga una respuesta a estas preocupaciones, que ahora se levantan sobre un país que lideró la cooperación judicial a nivel mundial.
Taponazo: Dolor de patria la foto del embajador Murillo, gran señor, en el parque público Lafayette, en inmediaciones de la Casa Blanca, con megáfono en mano pidiendo un alivio migratorio. ¿Tan pronto se acabaron los canales diplomáticos con Estados Unidos?
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO aquí)
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