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La feria de los beneficios penales

El objetivo de la nueva política debería ser el sometimiento a la justicia. No de la ley.

La ‘paz total’ es un objetivo plausible. Es una idea en bruto que requerirá de mucha talla. Su bondad dependerá de la forma como se ponga en marcha y del articulado final, porque el diablo está en los detalles. Con lo que se conoció esta semana, es posible adelantar algunos criterios, empezando por anotar que la iniciativa va más allá de facilitar la desmovilización de los grupos delincuenciales de más alto impacto. Inexplicablemente contempla reformas generales de la política criminal, para beneficiar a delincuentes de todos los pelambres. ¿Qué dirá el Consejo de Política Criminal al respecto?
Un solo ejemplo: se fija en 40 años el término máximo de duración de la pena de prisión, lo que implica una rebaja automática de las penas para el genocidio; el homicidio en persona protegida; el secuestro extorsivo; la desaparición forzada; el feminicidio y los ataques con ácido que generan deformación del rostro (ley Natalia Ponce), entre otros. ¿Acaso está en la dirección correcta que esta feria de rebajas se aplique a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en las actuales circunstancias?
La opinión pública debe estar informada desde ya de que, por el carácter retroactivo de la ley penal, esta maratón de beneficios se aplicará a los cabecillas de los grupos armados, o al famoso violador de niños ‘Lobo Feroz’, o a los militares responsables de los ‘falsos positivos’ de Soacha, entre otros, que están condenados, desde hace años, a 60 años de prisión.
Sin haberse iniciado siquiera la paz total, se tiene previsto derogar el término de 4 años para las medidas de aseguramiento contra los capos de las organizaciones criminales, con lo cual saldrán de inmediato a la calle delincuentes de alta peligrosidad, como es el caso de muchos de los temidos cabecillas capturados durante los últimos años del Eln o de las disidencias de las Farc o del ‘clan del Golfo’, que aún no han sido condenados.
Inclusive, sin que la lógica lo explique en los actuales momentos, se derogan tipos penales como el constreñimiento a los líderes sociales o el asesoramiento a grupos armados organizados; se elimina la presunción del origen ilícito de los bienes de los grupos delincuenciales organizados y desaparecen instrumentos de investigación tan útiles como los agentes encubiertos virtuales, que son esenciales para combatir la cibercriminalidad de estos tiempos.

El objetivo debería ser el sometimiento a la justicia. No el sometimiento de la ley. ¿El Estado está dispuesto a patrocinar la mayor operación de lavado de activos que se conozca en el mundo?

El objetivo de la nueva política debería ser el sometimiento a la justicia. No el sometimiento de la ley. Por ello habrá que analizar muy bien las derogatorias previstas, la reforma del régimen carcelario y los nuevos beneficios y figuras que se proponen, como la tal prisión comunitaria, que es un eufemismo de la libertad. Lo que desde ya genera una alerta extrema es la iniciativa de que las organizaciones criminales salven el 10 por ciento de sus fortunas. Se trata de una idea provocadora, que nada tiene que ver con la legislación actual, que solo permite, con un límite de 2.500 millones de pesos, retribuir a quienes denuncien bienes ilegales. Con razón, “no le suena” al Fiscal.
No estamos hablando de centavos. Los dividendos que produce la droga se estiman entre el 3 y el 7 por ciento del PIB anual, según los estudios más serios. Ni qué decir de la minería ilegal, que, se calcula, es más rentable que el comercio ilegal de la coca. ¿Cómo prohibir la extinción del dominio sobre la décima parte del patrimonio ilícito forjado por el crimen organizado, a partir del secuestro, de la extorsión, de la minería ilegal y del narcotráfico? Esto es contrario a nuestra Constitución (art. 34), que ordena la extinción de dominio de todos “los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”. ¿Acaso el Estado está dispuesto a patrocinar la mayor operación de lavado de activos que se conozca en el mundo? ¿Qué nos espera?
Taponazo. El dólar pasó de 4.600 pesos... no habrá límite si subsiste la incertidumbre.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
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