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¡Auxilio!... nos están bombardeando

¡Auxilio!... nos están bombardeando

El empleo de las bombas en estos operativos no puede dividir a los colombianos.

14 de marzo 2021 , 12:44 a. m.

Ahora sí, apague y vámonos. Esta semana terminamos discutiendo en el país la legitimidad del Estado para emplear su fuerza regular en defensa de todos los colombianos, mediante el bombardeo a los campamentos de los rebeldes ancestrales.

Es evidente que algunos sectores buscan que el Estado claudique en la protección de la sociedad, para que la insurgencia pueda continuar expandiéndose libremente y alimentando el negocio ilícito de la droga, hasta comprometer nuestra democracia.

El libreto ordena a los militantes de la anarquía que se avance en una narrativa que agudice el desprestigio de las Fuerzas Militares, los dibuje como unos vulgares violadores del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los inhiba de llevar a cabo nuevas operaciones letales contra los grupos armados ilegales. En ese momento habrá ganado para siempre la guerrilla.

El empleo de las bombas en estos operativos no puede dividir a los colombianos. Estas se han usado durante los últimos veinte años en el marco del derecho de la guerra, dándole a la nación una ventaja militar estratégica, y su utilización compromete a todas las fuerzas políticas, de uno y otro lado. Dejar pasar esta discusión en silencio es aceptar que todas las actuaciones del pasado fueron irregulares.

El debate de hoy no puede hacerse al margen del DIH, cuyos incisos tanto se usan para responsabilizar nacional e internacionalmente al Ejército y a la Policía de cuanto ocurre. Bienvenida esta discusión, entonces, pero no a partir de la diatriba panfletaria, sino de las reglas que gobiernan en la humanidad la confrontación de los grupos subversivos y la defensa de la población civil en medio de un conflicto.

Para empezar, hay que decir que el DIH autoriza el empleo de bombas en las acciones militares contra grupos insurgentes, siempre que no se trate de operativos indiscriminados, como ocurriría cuando se trate de objetivos militares “situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil”, como lo prescribe el ‘Manual de implementación del Derecho Internacional Humanitario’ a nivel nacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Este no es el caso de lo que ocurrió. Lo que se discute es que en el cambuche había niños. Que son sagrados. Pero que la guerrilla los recluta y los convierte en combatientes, haciéndoles perder inmunidad humanitaria. A la luz del Protocolo II del Convenio de Ginebra, los niños deben ser tutelados bajo las reglas del DIH, a menos que participen directamente de las hostilidades.

Es francamente lamentable que pierdan la vida niños, así sea uno solo, porque son sujetos de especial protección en nuestra sociedad. Pero lo cierto es que, en este caso, había menores que formaban parte de la estructura armada, como resultado de un crimen de guerra imputable al grupo ilegal, que los saca de sus familias, los desarraiga de su entorno y los prepara para la guerra. El Estado no es el responsable de lo ocurrido, sino las Farc y, claro está, todos sus áulicos, que no repudian el sometimiento de que son víctimas los menores de las comunidades indígenas, de los afros y de los hijos de nuestros campesinos.

Morris y Roy, en campaña, están bombardeando a las instituciones del orden. Y, que se sepa, no dicen nada del reclutamiento forzado de menores, que nos desgarra como sociedad. De hacer carrera sus tesis, los campamentos guerrilleros quedarán convertidos en jardines infantiles, para utilizar a los niños como escudos o parapetos en la mitad del conflicto. Ahí está pintada la Colombia dizque Humana.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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