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¿A qué juega el alcalde de Cali?

¿A qué juega el alcalde de Cali?

La conducta de Jorge Iván Ospina a lo largo del paro nacional no admite justificación alguna.

12 de junio 2021 , 11:48 p. m.

El manejo del orden público le corresponde de manera preferente al Presidente de la República, según la Constitución. Los mandatarios locales, en consecuencia, están obligados a cumplir con las órdenes e instrucciones que en estas materias expide el jefe de Estado. Sin embargo, se ha visto que, contrariando el orden legal, algunos de ellos se han emancipado y pretenden montar rancho aparte, para beneficiar el desarrollo de las movilizaciones y sostener en sus regiones el desorden público. ¿A qué le juegan?

Cali ha sido, de lejos, la ciudad más afectada con el paro nacional. Durante muchas semanas, sus habitantes quedaron sumidos en la zozobra, no podían salir de sus casas, los vándalos derribaban las puertas de sus conjuntos residenciales, los criminales montaron peajes para transitar y las barricadas en las vías públicas impidieron la movilidad ciudadana.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional tomó la determinación de movilizar el Ejército y la Policía para restaurar la convivencia en las ciudades, a partir de facultades ordinarias y sin apelar al estado de conmoción interior, como muchos lo aconsejaron. Por decreto gubernamental se instruyó a los alcaldes, sin excluir al de Cali, coordinar con la Fuerza Pública el levantamiento de los bloqueos, así como evitar la instalación de nuevos.

No obstante, el lunes pasado el alcalde de Cali optó por rebelársele de frente al Presidente, en medio de la perplejidad y la impotencia ciudadana. A cambio de levantar los bloqueos con intervención de la Fuerza Pública, decidió hacer de esos puntos, que él mismo llama de “resistencia”, lugares que habilitó para llevar a cabo asambleas permanentes de participación ciudadana, acompañadas de actividades culturales y artísticas. Al final de la semana empiezan a colocarse tarimas en la vía pública, nueva modalidad de las barricadas. Es decir, la anarquía organizada por la autoridad local.

Cali ya no es la capital del civismo ni de la salsa, mucho menos de la agroindustria. Por decisión panfletaria de su alcalde, que dice promover el diálogo, esta es la ‘capital de la resistencia’.

Y lo peor: según un comunicado oficial que emitió, de los veintiséis puntos de “resistencia”, el propio alcalde reservó cinco de ellos como zonas de bloqueo en las que ofrece atención en salud, tratamiento psicosocial y alimentos; es decir, para procurarse el sustento solo basta participar en las vías de hecho. En su publicación no dice si, además, levantará edificaciones en la vía pública para adjudicárselas a los marchantes.

La conducta de Jorge Iván Ospina a lo largo del paro nacional no admite justificación alguna. Está pasando por encima de la Constitución, abriga los puntos de resistencia, pasivamente fomenta la denominada primera línea y ha investido de autoridad a los participantes de las tomas y a la minga indígena, todo en nombre de lo que él llama un “ejercicio de diálogo en el camino (sic)”, es decir, en las calles abarrotadas de vándalos.

Le traslado a Ospina este mensaje que una caleña dejó en mi celular, en medio del llanto: “Estamos desesperados aquí. Esto es la guerra. No sabemos cómo salir del desespero. No hay comida. Las calles están bloqueadas. ¡Por favor, ayúdennos! ¡Dennos una luz! ¡Dígannos que nos van a defender!”. El alcalde también es representante de los derechos de los caleños intimidados y secuestrados en sus casas. ¿Nada para ellos?

Cali ya no es la capital del civismo ni de la salsa, mucho menos de la agroindustria. Por decisión panfletaria de su alcalde, que dice promover el diálogo, esta es la “capital de la resistencia”. El desprestigio de Ospina en las encuestas, como sanción social, es insuficiente. La impunidad de su conducta oficial puede estimular a otros mandatarios locales. La señora Procuradora tiene la palabra...

Taponazo. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar esta semana el proyecto de la Procuraduría que resuelve el problema de la caducidad de las investigaciones contra servidores públicos. Lo contrario sería un escándalo, en medio de la crisis actual.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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