A la defensa del acuerdo de paz

A la defensa del acuerdo de paz

Los amigos del proceso de paz son los que advierten sinceramente los problemas, para superarlos.

05 de marzo 2019 , 09:02 a.m.

En su columna del domingo pasado, Luis Carlos Villegas intenta ofrecer tranquilidad sobre las observaciones de la Fiscalía en relación con el proyecto de ley estatutaria de la JEP. El exministro, compañero de causa en el trámite parlamentario del proyecto de ley, debería reconocer las graves implicaciones que traería la vigencia de las cuatro normas glosadas para la política criminal del Estado. El exnegociador en La Habana no ofrece argumentos de conveniencia para apadrinar dichas normas e incurre en varias imprecisiones:

1. Delitos de ejecución permanente: afirma que el art. 5.º del acto legislativo 1 de 2017 le entrega a la JEP el conocimiento de los delitos cuya “comisión haya comenzado antes del 1.º de diciembre de 2016”, pero omite reconocer que el mismo artículo dispone que la ley determinará “en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones (ILÍCITAS)”. Solo así los responsables de narcocultivos permanentes no serían beneficiarios de los privilegios regulatorios de la JEP.

2. La no repetición: se aprobó en el Congreso que perderían “todos los beneficios” de la JEP quienes reincidieran en el secuestro, el homicidio o el narcotráfico. Acepta el exministro que como quedó la ley, convivirían beneficios y reincidencia, pero que eso no es grave porque “se aplicará la pena más estricta del sistema: ¡prisión ordinaria de 15 a 20 años!”. Eso no es cierto. Las consecuencias de volver a delinquir quedan subordinadas a un análisis de “proporcionalidad y de gradualidad” a cargo de la JEP, sujeto a su discreción.

3. Suspensión de investigaciones: afirma el exministro que no es exacto que se suspenden las investigaciones y se “deja incólume la búsqueda de evidencias, pruebas, etc.”. Esto no es posible porque se prohíbe que la Fiscalía lleve a cabo diligencias judiciales, y solo en estas se practican interrogatorios y entrevistas, se solicitan búsquedas selectivas, etc.

4. Renuncia de la acción penal: defiende que solo los máximos responsables respondan por los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto implica impunidad para los guerrilleros de base que cometieron esos delitos, quedando expuestos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dejar abierta esta puerta no es leal con la guerrillerada. Una paz duradera puede dar lugar a ponerles conejo.

En vez de enredarnos en discusiones legalistas, se necesitan argumentos para contestar estas preguntas: – ¿Es conveniente que los desmovilizados que posean narcocultivos desde antes del acuerdo los mantengan hoy con los beneficios de la JEP? – ¿Es conveniente que los beneficios de la JEP se conserven, así sea con gradualidad, para quienes reincidan en el secuestro, la extorsión, el homicidio y el narcotráfico? – ¿Es conveniente que se ate de manos a la Fiscalía y se paralicen las investigaciones sobre los delitos del conflicto, mientras arranca la JEP? – ¿Es conveniente y leal exponer a la guerrillerada a la contingencia de la Corte Penal Internacional?

Los amigos del proceso de paz no son los que soslayan con pasión las respuestas directas a estas preguntas, sino los que advierten sinceramente los problemas, para superarlos y hacer realidad el sueño de una paz legítima, estable y duradera, y, claro está, los que velan por que el cumplimiento de los acuerdos no sea retórico sino efectivo: que la JEP no tendrá jurisdicción por hechos ocurridos más allá de la firma de la paz; que no habrá repetición en el delito y que habrá justicia, lo cual excluye cualquier forma de impunidad.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA*
* Fiscal General de la Nación

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