Más sobre Arias

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Respeto a jueces y magistrados, pero no creo pecar al dudar del acierto de una decisión judicial.

18 de julio 2019 , 07:32 p.m.

Hace tres años escribí una columna en la que manifestaba dudas sobre la sentencia de 17 años de cárcel a Andrés Felipe Arias. Lo que me movió a leer un texto tan aburridor como una sentencia fue mi disposición para creer a priori en su culpabilidad, por no compartir sus ideas políticas. Eso retaba mis propósitos de no condenar nunca a priori a quienes no piensan como yo. Además, tenía la sensación de que la pena era desproporcionada.

La columna me costó un matoneo que he soportado estoicamente. Ahora que Arias es nuevamente el tema, sentí que debía aclarar más los motivos de mis dudas. Me lo impidió, hasta ahora, el miedo a una nueva ola de matonería, pero decidí que la prefiero a tener que reconocerme miedoso.

Muchos de los mensajes que leí hablaban con indignación de delitos por los cuales él nunca fue acusado y de acciones con las que puedo estar en desacuerdo, pero que no son delitos. Me referiré exclusivamente a los delitos por los que sí fue condenado: contratación sin plenos requisitos legales y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
En el primer caso, la sentencia muestra convincentemente que el convenio con Iica, agencia de la OEA, no cumplía las condiciones de la ley general de contratación pública. Pero el punto no era ese, sino si el convenio podía sustentarse en la ley que define un sistema de contratación diferente para proyectos de carácter científico y tecnológico. El mismo ministerio había hecho, con el Iica, más de 130 convenios usando esa ley especial, según testificaron dos exministros.

Uno no arriesga cárcel por beneficiar a terceros desconocidos si no hay un beneficio personal de por medio

La Corte decidió que la interpretación del ministerio fue equivocada y que debió usarse la ley general. La discusión en la sentencia me desconcertó. Hace una diferenciación entre la “finalidad” del convenio y su “objetivo”. Reconoce que la finalidad era un desarrollo tecnológico, pero afirma que el objetivo era administrativo. Creo que una discusión sobre la incoherencia entre objetivo y finalidad en un contrato podría dar interesantes artículos filosóficos, pero sinceramente dudo de que dé la certeza necesaria para una condena a prisión.

Con la segunda acusación también tengo problemas. Uno no arriesga cárcel por beneficiar a terceros desconocidos si no hay un beneficio personal de por medio. Muchos de los mensajes que he leído muestran que un buen número de los beneficiarios aportaron a su campaña. Puede ser cierto, pero sus aportes fueron demasiado pequeños como para asegurar con certeza que constituían un pago previamente acordado. Eso había que demostrarlo objetivamente, y nunca se hizo. Adicionalmente, hubo donantes que no fueron beneficiarios de AIS, así como beneficiarios que no fueron donantes. Por tanto, no veo cómo se pueda afirmar con esas evidencias, y por encima de cualquier duda (como debe ser en un juicio penal), la existencia de dolo.

Otros argumentos que apoyaban la presunción de que era él quien adjudicaba personalmente los subsidios son desconcertantes: que era muy trabajador y muy inteligente como para que algo de lo que pasaba se le escapara, que hizo crecer por 200 por ciento el presupuesto de su ministerio y promovió la ley que aprobó el programa AIS. También se argumentó que el hecho de que estuviera ausente de las reuniones del comité administrativo, y de que no firmara sus actas, no restaba fuerza a la premisa de la Fiscalía de que era él quien decidía en todos los aspectos del programa.

Respeto a jueces y magistrados, pero no creo pecar al dudar del acierto de una decisión judicial. El hecho de que entre los firmantes de la sentencia estén los exmagistrados José Leonidas Bustos y Gustavo Enrique Malo muestra que los jueces no son infalibles. Por eso, la segunda instancia es un derecho en la justicia moderna.@mwassermannl

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