¿Y la Farc, cuánto?

¿Y la Farc, cuánto?

El fallo del Tribunal del Chocó por Bojayá nos pone a pagar a los contribuyentes, y no a las Farc.

11 de mayo 2019 , 10:46 p.m.

En uno de los crímenes más atroces de la historia del país, el 2 de mayo de 2002, guerrilleros de las Farc lanzaron un cilindro bomba contra la iglesia de la población chocoana de Bojayá, donde se refugiaban decenas de humildes lugareños que huían de la confrontación entre guerrilla y paramilitares. El templo quedó destruido y sobre sus losas y sillas, lo mismo que en el altar y las afueras, quedaron los cadáveres de 119 inocentes, así como un centenar y medio de heridos. Esta semana, 17 años después, el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió que el Estado debe resarcir a 1.195 víctimas del desplazamiento por esa confrontación y pagarles más de 312.000 millones de pesos.

Alega el fallo que el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía no brindaron la protección debida a los habitantes de Bojayá, atrapados entre las Farc y los paramilitares. Es fácil juzgarlo así y olvidar que 2002 fue uno de los años más sangrientos del conflicto y que entonces la Fuerza Pública no ejercía de manera integral el dominio del territorio nacional. Pero aceptemos que, al menos en teoría, esa responsabilidad era del Estado.

Es bueno recordar que el Estado no es una cosa etérea, y menos cuando de pagar indemnizaciones se trata. A la hora de echarse la mano al dril, el Estado somos los contribuyentes que pagamos esas cuentas, vía impuestos. A su manera, también pagan quienes casi no tributan, pues esos recursos del presupuesto no estarán disponibles para obras ni para inversión social, y eso nos afecta a todos. Obvio que los que más tienen pagarán muchísimo más –así funciona el sistema tributario–, pero el costo debe ser medido también en obras que el Estado no hará.

La pregunta sencilla y evidente es: ¿cuánta de esa plata la abonarán los grupos terroristas que causaron la tragedia de Bojayá? Las Auc, desmovilizadas durante la década pasada y cuyos principales jefes terminaron pagando largas y merecidas condenas en cárceles de Estados Unidos, poca plata han aportado para reparar a las víctimas. ¿Y las Farc? Teniendo en cuenta que el hecho más aterrador y sanguinario de aquella pesadilla del Chocó lo ocasionaron los criminales de esa guerrilla, ¿no deberían cancelar una buena parte de las indemnizaciones?

En el empeño de vendernos el acuerdo de La Habana, el presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador nos aseguraron una y otra vez que las Farc iban a poner su enorme fortuna al servicio de las víctimas que su accionar criminal produjo. Como es evidente que ni los comandantes ni sus subalternos pagarán cárcel efectiva, resarcir con dinero a las familias que ellos desbarataron y cubrieron de sangre y de terror es lo mínimo.

Pero ese mínimo no está garantizado. De los más de 900.000 millones de pesos que las Farc declararon en el listado de bienes que presentaron para cumplir con el acuerdo, las autoridades apenas han podido hacer efectivo un 1 por ciento, pues la información entregada por las Farc está llena de inconsistencias, cuando no de falsedades. En cuanto a las caletas de dinero en efectivo, de los 10.000 millones declarados solo aparecieron 2.000 millones, pues el resto se lo quedaron los grupos disidentes que no se acogieron al acuerdo, según explicaron las propias Farc. Y, claro, habrá que creerles.

Por fortuna, la Fiscalía no se cruzó de brazos a la espera de lo que buenamente las Farc entregasen y, tras años de indagaciones, tiene identificados casi 2,5 billones de pesos en activos que poseía el grupo armado. Hay billones más en la mira, pero esos recursos deben ser sometidos a complejos y no muy veloces mecanismos de extinción de dominio. Ojalá la plata para indemnizar a las víctimas de Bojayá –y de otras muchas masacres– salga de ahí y no de los bolsillos de los contribuyentes.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

Columnistas

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