Esto va para largo. Las Farc están en su juego: ponerla difícil, decir que no a casi cualquier cambio en el acuerdo y esperar. La oposición, en el suyo: lanzar propuestas, unas más razonables que otras, pero cumpliendo con lo que le pidieron, que planteara salidas. El lío grande lo tiene el presidente Juan Manuel Santos: a este paso, cuando vaya a Oslo en diciembre a recibir el Nobel, va a tener medalla y diploma, pero no acuerdo.
Poco ayuda la actitud de partidarios del Sí como Jody Williams, una antecesora de Santos en el Nobel, quien aseguró que fue “increíblemente estúpido votar No”. Para esta demócrata, para esta librepensadora, para esta creyente en los derechos de los pueblos, 6,4 millones de colombianos son unos imbéciles. No es ella la única. Se une al río de escritores y seudointelectuales que han salido en los medios colombianos y del exterior a sugerir cosas parecidas: que este país es una porquería y que la gente es bruta. Impresiona cómo quienes más pregonan la democracia la desprecian cuando pierden las elecciones.
Hubo un plebiscito que el Presidente se inventó sin que nadie se lo pidiera. Muchos advertimos los riesgos de esa moneda al aire, incluido que la campaña se convirtiera en un pulso entre Santos y Álvaro Uribe, donde por demás –y de lado y lado– predominaron la manipulación, la exageración y la mentira, que fue lo que me llevó a abstenerme. Pero en esa lid y con las reglas que había, ganó el No. Y poner en duda el resultado es poner en duda la democracia que tenemos.
El fallo de la Corte Constitucional sobre la ley que reglamentó el plebiscito aporta luces sobre qué debe ocurrir tras la derrota del Sí. Dice la sentencia que la consecuencia de ello “es la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico”. Prevé la Corte que “ante la negativa del Pueblo (...) se ponga a consideración del Pueblo una nueva decisión, con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo...”.
Entiendo que la perspectiva de un nuevo plebiscito, con más polarización y más mentiras, aterra. A menos que el nuevo texto contara con el beneplácito del uribismo, algo casi imposible. Pero eso es lo que dice la Corte. Claro que el alto tribunal también advierte que, al ganar el No, el Gobierno no pierde las amplias facultades constitucionales con que cuenta para buscar la paz; ni el Congreso, las de legislar al respecto. Por vía legislativa, y ojalá pactados con la oposición, podrían salir adelante muchos aspectos del Acuerdo de La Habana como la amnistía para guerrilleros rasos y su sostenimiento durante los primeros años de su desmovilización, ciertos temas de elegibilidad política para los excomandantes –quizás con el pago previo de algún tipo de pena alternativa– y otros más.
Eso sí, está del todo enterrado –y en buena hora– el Armagedón de la Jurisdicción Especial de Paz, con su todopoderoso Tribunal por tiempo indefinido, facultado para juzgar o incluso volver a juzgar sobre cosa juzgada todo lo que, a su juicio, tenga que ver con el conflicto, sin que nadie pueda controlar ni sus excesos ni sus eventuales exabruptos, y cuyos magistrados serían elegidos por mecanismos de dudosísima factura, como que uno de ellos sería nombrado por una ONG que se ha caracterizado por impulsar el juicio de agentes del Estado y no el de terroristas.
Crear esa jurisdicción requiere de una reforma constitucional de largo e incierto trámite en el Congreso. La reviviría otro plebiscito, claro está. Pero ¿está el Gobierno dispuesto a otra moneda al aire? Sé que las encuestas le dicen a Santos que podría ganar. Pero eso mismo le decían antes del 2 de octubre.
MAURICIO VARGASmvargaslina@hotmail.com
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