La minga tramposa

La minga tramposa

Las bandas criminales infiltradas en la minga quieren que se desate una masacre.

07 de abril 2019 , 12:49 a.m.

José Pete, portavoz de las protestas indígenas del Cauca –la minga que lleva casi un mes de bloqueo de la carretera Panamericana–, dijo este jueves que si la Fuerza Pública interviene para desalojar la vía, se producirá “la peor masacre de Colombia”. No es una alerta: es una amenaza, es lo que buscan muchos de los grupos delincuenciales ocultos tras la protesta.

Son bandas criminales que van desde disidentes de las Farc y al menos un frente del Eln hasta grupos de narcos de viejo cuño y mafias politiqueras que se han robado la plata de los indígenas con la ayuda de algunos de sus líderes. Tras la desmovilización de buena parte de la tropa y de los frentes de las Farc en la zona, estas bandas entraron a copar el espacio que quedó libre para el narcotráfico y otros crímenes, mientras el gobierno anterior miraba para otro lado.

Desde noviembre pasado, las Fuerzas Armadas comenzaron a actuar en la zona para recuperar su control. Y, como han avanzado, la respuesta de los criminales fue movilizar la protesta indígena y obligar a los uniformados a distraer sus fuerzas. Las provocaciones han sido permanentes, con el claro propósito de buscar una respuesta militar que desate la masacre que el señor Pete anuncia. Por fortuna, la Fuerza Pública no ha caído en la trampa.

Por eso raya en el cretinismo la gritería de los sectores más cabeza-calientes de la derecha, que exigen al presidente Iván Duque que desaloje la vía a las malas. Repito: eso es justamente lo que quieren los criminales que están utilizando la minga. Si eso ocurre, si la vía queda ensangrentada, la presión de las ONG y hasta de la ONU será para que militares y policías se retiren de la zona. Y las bandas criminales podrán cantar victoria.

Los voceros indígenas reclaman más tierra y más dinero. Como bien dijo Duque, ya tienen 300.000 hectáreas, una tierra equivalente a dos veces Bogotá. Pero eso no ha resuelto los problemas de hambre y miseria de los indígenas, pues hay pocos cultivos y escasa actividad económica. En buena hora, el contralor Felipe Córdoba investiga qué pasó con más de $ 800.000 millones recibidos por los resguardos indígenas del país en los cuatro años pasados, por asignación del Sistema General de Participación.

De esos, más de $ 160.000 millones han ido a los resguardos del Cauca y $ 40.000 más irán este año. Los gobernadores indígenas, que allí reciben los recursos, deben responder ante su gente y ante el país por el destino de esas multimillonarias sumas. Ellos alegan que los resguardos gozan de autonomía y que no deben rendir cuentas a la Contraloría. Mienten: la autonomía la tienen en materia penal, pero no en asuntos administrativos ni fiscales. No quieren investigación porque saben que la corrupción en los resguardos es rampante.

Entre tanto, el Gobierno enfrenta una situación en la que no parece tener salida buena. Las negociaciones no avanzan porque los criminales detrás de la minga quieren mantener a la Fuerza Pública distraída y seguir ellos con el narcotráfico y demás. Pero si Duque ordena un desalojo a las malas, desde los infiltrados criminales en la minga saldrán los disparos de provocación para garantizar una respuesta a bala de los uniformados, y la consecuente masacre. Y esa solución a bala, que pide a gritos la derecha, es la que desean los hampones que se ocultan detrás de la minga. ¿Es posible un desalojo sin sangre?

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Ley Tic. En Colombia, la penetración de banda ancha –un servicio de telecomunicaciones fundamental para el desarrollo– es una de las peores de América Latina: estamos por debajo de casi todos, y solo le ganamos a un puñado como Paraguay, Dominica y Nicaragua. Si el proyecto de ley de las Tic, que garantiza una multimillonaria inversión privada en ese campo, no pasa, estaremos aún peor.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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