El paganini

El paganini

Antipático, prepotente y muy uribista: así era Arias, pero nada de eso es delito.

13 de julio 2019 , 11:26 p.m.

Nunca me cayó bien Andrés Felipe Arias. Ni cuando ocupaba la cartera de Agricultura en tiempos de Álvaro Uribe, ni cuando dejó ese cargo para aspirar a suceder en la Casa de Nariño a su jefe y mentor. Sus aires prepotentes y su afán por convertirse en presidenciable sin haber hecho mayor carrera pública me previnieron contra él. Pero, además, su casi ridícula manera de imitar a Uribe en el tono de voz, en los dichos y en la argumentación me acabó de convencer de lo floja que era su aspiración presidencial.

Pero una cosa son esas impresiones que forjaron mi opinión negativa sobre el personaje y otra muy distinta, alegrarme –como muchos se alegran– por el calvario que Arias ha vivido desde que fue procesado y sentenciado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a 17 años y cinco meses de prisión por el caso Agro Ingreso Seguro (AIS).

Según la condena, Arias cometió dos delitos. El primero, un peculado por apropiación a favor de terceros. Y el segundo, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. En cuanto a lo primero, un selecto grupo de terratenientes resultó favorecido con la asignación de recursos monetarios para estimular la producción agropecuaria en sus haciendas. Sin duda hubo abusos, excesos y apropiación indebida de una parte de esos dineros. Pero, en justicia con Arias, nunca en el proceso se lo acusó siquiera, ni mucho menos se lo condenó, por enriquecerse él, como sí lo han hecho muchos corruptos probados que recibieron sentencias mucho menos severas.

Sobre el segundo delito, la Sala Penal culpó a Arias por no haber hecho un proceso licitatorio transparente y, en cambio, haber delegado en una entidad multilateral, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), adscrito a la OEA, la asignación de los recursos. No me gusta que los altos funcionarios deleguen a esa clase de organismos los procesos de entrega de recursos públicos, pero, en algunos casos, esas entidades de cooperación han cumplido un papel adecuado, y firmar con ellos un acuerdo de cooperación para asignar dineros dista mucho de ser, por sí mismo, un delito.

Es cierto que algunos hacendados falsearon documentos y parcelaron sus propiedades para cumplir los requisitos y poder acceder a esos auxilios, y que en algunos casos no los invirtieron en sus tierras. Varios fueron procesados y condenados de forma merecida, aunque ellos –que sí robaron plata pública– recibieron sentencias más suaves que Arias.

De cualquier modo, y aun si el exministro merecía un castigo en el campo disciplinario e incluso –aunque eso es debatible– en el penal, la sentencia final de 17 años y cinco meses de prisión parece más apropiada para el autor de delitos muy graves –un intento de homicidio o de secuestro– y con menos discusión interpretativa. Lo cierto es que la antipatía que Arias despertó entre los antiuribistas (incluidos los magistrados de la Sala Penal, que estaban en guerra abierta contra Uribe) explica –aunque para nada justifica– la desproporcionada sentencia a este paganini.

No ha debido ser así. Ser antipático y desagradable, como para muchos era Arias, no constituye delito ni agravante de delitos. Que la misma Sala Penal, que tan benévola fue con los demostrados vínculos de algunos políticos con actividades criminales de las Farc, le haya caído de esa manera a Arias demuestra que en este caso pesó muchísimo el antiuribismo de los magistrados. Todo esto para no hablar de lo que la misma Corte Suprema le acaba de permitir al criminal alias Santrich. Ahora que la extradición del exministro desde Estados Unidos a Colombia es un hecho, estas consideraciones deberían pesar a la hora de valorar su caso.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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