Con la misma seguridad con que varias veces ha anunciado el inminente inicio de negociaciones formales con el Eln (y hasta el sol de hoy, nada de nada, pues el Eln sigue secuestrando y matando), el consejero presidencial Frank Pearl nos notificó este jueves en la radio que ya, que basta de debates, que llegó la hora de implementar el acuerdo con las Farc (el nuevo), que, según él, recogió muchas de las inquietudes de los líderes del No y que –y esto lo ha repetido el Gobierno toda la semana– no puede ser modificado en una sola coma, porque ahora sí, de verdad verdad, es el mejor acuerdo posible.
Es el mismo Gobierno que nos dijo una y otra vez antes del plebiscito que si ganaba el No, se vendría una aterradora guerra en las ciudades, que las Farc volverían al monte y que el acuerdo sometido a refrendación popular –“el mejor acuerdo posible”– era intocable. Pues resulta que ganó el No y en cuestión de cinco semanas, el Gobierno y las Farc introdujeron –según sostienen los negociadores– importantes cambios que “recogen el 80 por ciento de las inquietudes de los líderes del No”.
O sea que el acuerdo no era tan bueno ni tan intocable. ¿Qué pasa con el nuevo? Hay de todo: avances interesantes y algunos cambios cosméticos, pero, sobre todo, una redacción abstrusa y por momentos laberíntica, que hace muy difícil sacar conclusiones claras. Es cierto que la Jurisdicción Especial para la Paz ya no es, del todo, una rueda suelta, que ahora tiene una vigencia de diez años (antes era eterna) y que ya no habrá magistrados extranjeros advenedizos y sin responsabilidad judicial ni administrativa alguna en Colombia. Pero el sistema de revisión de las decisiones de esa jurisdicción, por la vía de las tutelas, es tan enredado que no es fácil saber cómo operará.
En buena hora el Presidente decidió refrendar el nuevo acuerdo por la vía del Congreso y dejó a un lado la idea de un segundo plebiscito. Si, como advertí entonces en esta columna, jugarse todo el acuerdo al Sí o el No de una pregunta general era lanzar una moneda al aire, pues en estas votaciones la gente suele evaluar no lo que le preguntan sino la popularidad del mandatario de turno, hacerlo de nuevo con el acuerdo modificado habría sido una doble insensatez.
Al Congreso irán, pues, las leyes que desarrollen los acuerdos, y eso resulta aún más crucial por los problemas de redacción del nuevo texto. Un acuerdo nacional antes de someter esas leyes a votación en las cámaras, como propone el expresidente Álvaro Uribe, no parece sencillo. De modo que en el Congreso habrá debate tema por tema y artículo por artículo, lo que quiere decir que el nuevo texto surgido de la mesa de La Habana estará sujeto a modificaciones, cuando menos en cuanto a la interpretación de algunos de sus galimatías. Una vez más queda claro que el acuerdo no es intocable.
Lo contrario sería suponer que los congresistas actuarán como borregos y se limitarán a dar balidos de aprobación, como si fueran súbditos de un monarca en vez de parlamentarios de un sistema democrático con separación de poderes. Claro que algunos de los congresistas de la Unidad Nacional son tan sapos que seguramente se comportarán así. Pero no todos. Y es seguro que los del opositor Centro Democrático propondrán cambios, ojalá en plan constructivo.
Y como habrá debate, bienvenidos sean a este el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y los voceros de las cortes, en especial la Suprema, pues tienen mucho que aportar en los aspectos de justicia del texto firmado en La Habana. Un debate serio, profundo, constructivo y que mejore y aclare muchos aspectos del acuerdo en las leyes que lo desarrollen es la única vía para que la gente termine de digerirlo y aceptarlo y, en consecuencia, su aplicación resulte más sencilla y eficaz.
MAURICIO VARGASmvargaslina@hotmail.com
Comentar