La ley buena y la Constitución prevalente

La ley buena y la Constitución prevalente

Indigna que los autores de crímenes contra menores puedan recibir de la JEP penas dulcificadas.

25 de agosto 2018 , 11:32 p.m.

¿Qué hacer ante un fallo del tribunal constitucional que invalida una norma expresiva de valores de justicia por ser contraria a otra norma superior representativa de fines diferentes?

La Corte Constitucional juzgó inexequible una disposición que impondría penas severas, sin beneficios ni subrogados, a todos los autores de delitos sexuales contra menores, incluidos aquellos vinculados al “conflicto armado”.

Encontró que el artículo 146 del proyecto de ley estatutaria contrariaba el acto legislativo número 1 de 2017. En virtud de esta reforma constitucional –dijo la Corte–, al ocuparse de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes cometidos “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, la JEP solo puede imponer las sanciones de la justicia transicional y no las consagradas en el Código Penal. Así, la reciente iniciativa estatutaria dictada por el Congreso de la República para reparar a las víctimas y ofrecerles mayores niveles de protección perdía su posibilidad de existir por contravenir normas de la Constitución.

Indigna que los autores de crímenes sexuales contra menores puedan recibir de la JEP penas dulcificadas y no sanciones proporcionales. No es justo que perpetradores armados, so pretexto de actuar en el marco de un conflicto, atenten contra la integridad sexual y la dignidad personal de niñas, niños y adolescentes con amplio margen de impunidad, y menos después de proclamarse que las víctimas son el centro del sistema de la justicia transicional.

Mas la indignación no debe apuntar al blanco equivocado: fue el acto legislativo de 2017 la fuente de semejante iniquidad. Una vez declarada exequible esta reforma constitucional por ella misma, la Corte no tenía otro camino que preferir la decisión del constituyente delegado sobre el proyecto del legislador estatutario.

La función de un tribunal constitucional consiste en la defensoría de la Constitución. Ello exige la exclusión de toda norma que le resulte contraria, por conveniente o popular que parezca. Más aún cuando el juez constitucional avala leyes inconstitucionales, desvaloriza el acto constituyente del pueblo y debilita el principio democrático que sostiene el Estado de derecho.

Corresponde, entonces, mirar hacia delante. Rescatar unos consensos básicos que Colombia fue formando al despuntar el siglo XXI, tras la aprobación del Estatuto de Roma, las negociaciones con grupos armados y el diagnóstico de las violencias contemporáneas: que los menores estén realmente protegidos de abusos y agresiones infligidos por cualquier actor; que los delitos atroces vuelvan a recibir sanciones proporcionales y efectivas, no meramente simbólicas; que los autores de crímenes contra la humanidad no puedan volver a ser opción de gobierno. Y, como lo ha propuesto el presidente Duque, que el verdadero enemigo de la paz –el narcotráfico– no siga mimetizándose en el delito político por la vía de la conexidad para ganar estatus e impunidad y alimentar nuevos ciclos de violencia organizada.

Ante un fallo de constitucionalidad que invalida una ley –incluso una buena ley–, caben acciones concurrentes: acatar el fallo entendiéndolo como una decisión necesaria en guarda de la Constitución y canalizar la indignación hacia el restablecimiento jurídico de principios que expresen valores de justicia. Esto puede lograrse a través de un “pacto por Colombia”.

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Expresidente de la Corte Constitucional

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