¿Cortes electoras?

¿Cortes electoras?

La independencia de la Rama Judicial puede estar en riesgo de quedar seriamente comprometida.

04 de octubre 2018 , 12:00 a.m.

¿Fortalece el Poder Judicial la facultad de sus altas cortes para postular o elegir al procurador general, al registrador nacional y al auditor general, como hasta hace poco al contralor de la República?

La respuesta a este interrogante habrá de incidir en el retiro o confirmación de las funciones electorales atribuidas a los máximos órganos judiciales. Personalmente, creo que no.

Por el contrario, la independencia de la Rama Judicial, condición indispensable para una justicia imparcial, puede estar corriendo el riesgo de quedar seriamente comprometida por un diseño institucional que radica en sus instancias superiores unas funciones más políticas que jurisdiccionales, en todo caso ajenas a la actividad y vocación propias del juez.

No es inocua la asignación de tareas electorales a las cortes. En tal trastocamiento de roles, es la justicia la llamada a perder: las altas magistraturas se hacen más atractivas para el mundo partidista, y los juegos de poder ganan terreno en el mundo de las magistraturas; lealtades banderizas que son virtud en el ámbito político buscan instalarse en el ámbito judicial, donde son vicio. Así, los inevitables vasos comunicantes se multiplican, con una propensión inercial hacia la politización de la justicia y la judicialización de la política, contrariando la plausible intención de la Constituyente de 1991. No en vano, el entonces delegatario Hernando Yepes Arcila entendió esta deferencia de la Asamblea Nacional Constituyente como un regalo envenenado.

La atribución de funciones electorales a las cortes jurisdiccionales introduce unos riesgos que, además de innecesarios, pueden llegar a debilitar la independencia judicial.

Ese es el punto: la atribución de funciones electorales a las cortes jurisdiccionales introduce unos riesgos estructurales a la administración de justicia que, además de innecesarios, pueden llegar a debilitar la independencia judicial.

Y no es que el uso de estas atribuciones haya sido infortunado, pues el balance en el ejercicio de las competencias electivas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado registra numerosos aciertos. Tampoco se trata de ver suprimida cualquier potestad nominadora en las cortes, ya que la competencia de dos de ellas para proveer las magistraturas vacantes en las jurisdicciones ordinaria o de lo contencioso administrativo es una de las principales garantías de la autonomía judicial.

Precisamente, esa es la diferencia: cuando las cortes eligen funcionarios judiciales, están reforzando la autonomía de la Rama; mas, cuando se les hace intervenir en la designación de otras autoridades políticas o de control, la pueden estar debilitando. Por eso, el retiro de esas funciones electorales no afectaría el equilibrio de poderes ni el diseño institucional organizado hace más de un cuarto de siglo. En cambio, sería una buena noticia para la independencia del sector judicial.

Este tema ha sido recurrente en la última década. Fallidas reformas constitucionales intentaron abordarlo sin éxito. En unas ocasiones fue la negativa de la mayoría en la Comisión Interinstitucional de la Rama; en otras, la dificultad de hallar un mecanismo sustituto que conduzca a la mejor designación del procurador, el registrador y el auditor. Lo cierto es que la demanda ciudadana para sustraer a los jueces de estas responsabilidades incinerantes ha crecido, como también la decisión de hacerlo en las iniciativas gubernamentales y parlamentarias.

Qué bueno que desde las altas cortes se enviara un mensaje de renuncia a la titularidad de unos poderes que los magistrados nunca pidieron, son ajenos al ejercicio de la jurisdicción y no refuerzan la independencia judicial.

Cortes puramente jurisdiccionales, no electoras: un gran primer consenso hacia el “pacto por la justicia” que necesita Colombia.

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Sal de la rutina

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