Una semana decisiva

Una semana decisiva

La reforma tributaria.

14 de diciembre 2019 , 12:26 p.m.

Entra en la recta final la reforma tributaria, que debe ser aprobada por las plenarias de Senado y Cámara. Este es el proyecto emblemático de la administración Duque, por lo que hará todo lo necesario para que no se hunda.

Lo que no debe hacer es correr. Hace un año, el Gobierno no citó a sesiones después de Navidad –que a nadie le gustan, pero a veces son necesarias–, y el Congreso tomó atajos que condujeron a la inexequibilidad de la ley. Eso, por supuesto, no debe volver a pasar.

Las plenarias deben tomarse su tiempo y mejorar la ley. De aprobarse la ponencia como viene, se estarían cometiendo graves errores cuyos costos saldrán a flote más adelante.

El principal problema es que la ley tiene un alto costo fiscal. El efecto negativo sobre el recaudo, del cual han hablado los expertos durante meses, se ha visto agravado por las medidas de corte popular que incorporó el Gobierno en respuesta a la protesta social.
Entre ellas se incluyen el pago de aproximadamente 37.000 pesos mensuales a cada
hogar en condición de pobreza y la disminución de la contribución a salud a los pensionados con un salario mínimo (aunque ayer mencionó el Gobierno la posibilidad de extender este beneficio a quienes reciban hasta dos salarios mínimos). Las medidas de último minuto en sí mismas no son cuestionables. Lo cuestionable es que el Gobierno, en virtud de la misma ley, se quede sin recursos para pagarlas.

El Congreso y los partidos tienen su cuarto de hora para demostrar que pueden mejorar la ponencia, por encima de los acuerdos burocráticos

Y esto es lo que va a pasar si se aprueba el artículo que permite a los contribuyentes restar del impuesto de renta lo que hayan pagado por concepto del impuesto municipal de industria y comercio (el llamado ICA). El costo pleno, 7 billones de pesos, se sentirá a partir de 2023. Legislar y ganar aplausos hoy para que el próximo gobierno pague la cuenta no es una buena idea.

Varios miembros de la comisión creada para reformar los impuestos territoriales han advertido que consideran inconveniente la medida propuesta. Nadie duda de que los municipios van a subir el ICA, pues al final la cuenta la pagará la Nación.

Pero esto no es lo peor. El verdadero problema es que el hueco que abre es de tal magnitud que puede comprometer la sostenibilidad fiscal del país y afectar la calificación. Con que una calificadora baje la nota del Gobierno de BBB a BBB-, inmediatamente el sector empresarial colombiano quedará por debajo del grado de inversión. Por esta razón, el Congreso debe eliminar el artículo 81, y muy concretamente su parágrafo 1.

No hay forma de entender por qué el Gobierno insiste en una medida tan costosa y riesgosa, con beneficios muy cuestionables.

Otra medida inconveniente es la relacionada con los días sin IVA. Cómo será de peligroso este mecanismo que el propio proyecto de ley, en su artículo 24, establece que no se podrán vender por separado los zapatos del pie izquierdo de los del pie derecho. Cuando la ley llega a ese nivel de detalle es porque el mecanismo tiene problemas administrativos complejos.

Los días sin IVA serán la mayor oportunidad para la evasión, pues las facturas se expedirán ese día, así los productos se entreguen en otro momento. Lo mínimo que debe exigirse es que los días sin IVA se posterguen hasta que la factura electrónica no tenga excepciones, y el mismo proyecto de ley, en su artículo 16, establece que la factura electrónica solo se aplicará a todas las transacciones a partir de 2023.

Otro problema de la ponencia, difícil de resolver, pues lleva la impronta ideológica del Gobierno, es que crea más exenciones. Cualquier beneficio tributario que comienza con la aprobación de un proyecto empresarial por un ministerio (sea Comercio, Cultura o Agricultura, como propone esta ley), termina mal. Además de la inequidad que genera, es un caldo de cultivo de la corrupción. En la ley 1607 de 2012 nos propusimos –con éxito– acabar con los contratos de estabilidad jurídica, de tan mala recordación. Por eso es lamentable que ahora se quieran revivir estos y otros beneficios, al tiempo que la misma ley propone crear otra comisión para acabarlos.

El Congreso y los partidos tienen su cuarto de hora para demostrar que pueden mejorar la ponencia, por encima de los acuerdos burocráticos de los que nos enteraremos cuando ya esté sancionada.

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