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Covid-19 y posconflicto

Covid-19 y posconflicto

No hay agenda más importante para la prosperidad que convertir los Pdet en realizaciones tangibles.

26 de junio 2020 , 09:25 p. m.

El miércoles pasado se realizó un foro en el que participaron funcionarios del actual y del anterior gobierno, lo cual es algo para destacar. El objetivo fue evaluar los avances y retos de los planes de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como Pdet. El país sabe poco acerca de estos planes, que han pasado a un segundo plano, en parte por las prioridades impuestas por la crisis del covid-19. Sin embargo, es oportuno poner el tema sobre la mesa, pues estas iniciativas pueden ser de gran utilidad para la recuperación económica.

Los Pdet están orientados a acelerar el desarrollo y cerrar las enormes brechas que caracterizan a 16 regiones del país, y que incluyen 170 municipios en los que vive el 13 por ciento de la población colombiana. Se pueden decir muchas cosas sobre las condiciones de vida en estas regiones, pero, para expresarlo de manera simple, si formaran un país, serían el más pobre de Latinoamérica, el peor en materia de infraestructura, el más violento y, entrelazado con todo lo anterior, el país con mayor participación de actividades ilegales en su economía. En las conferencias internacionales sobre desarrollo solo se hablaría de esa nación, que haría ver a Haití como un oasis en materia de progreso social y económico.

Los negociadores del acuerdo de paz con las Farc tuvieron plena conciencia de esta situación y le dieron prioridad a cerrar las brechas entre la Colombia en la que vivimos la mayoría y esa otra Colombia donde, además de conflicto, ilegalidad y pobreza, hay una enorme precariedad institucional. No se podrá hablar de desarrollo duradero y sostenible si no resolvemos primero esa situación.

Como dijo el consejero presidencial Emilio José Archila, encargado de la implementación de los Pdet, esto es algo que debe hacer el Estado colombiano, con o sin acuerdo de paz. Es cierto que durante 200 años no se había hecho, pero ahora tenemos una buena razón: es el precio que tenemos que pagar para vivir civilizadamente y en paz todos los colombianos.

Los Pdet se construyeron a partir de los pactos comunitarios que prepararon 11.000 veredas. Incluyen más de 32.000 iniciativas en educación y salud, así como proyectos agropecuarios, entre otros. Ahora hay que priorizarlas para pasar a la implementación, que, sobra decirlo, es la parte más difícil.

Producto de una reforma constitucional aprobada en 2017, el 7 por ciento de las regalías minero-energéticas, que equivalen a 3 billones de pesos a la fecha, debe destinarse a este fin. Más que necesitar recursos adicionales, el riesgo es que se decida cambiar su destinación ahora que hay tantas necesidades para financiar las consecuencias de la pandemia.

La principal restricción para el éxito de los Pdet está en la capacidad de estructuración y ejecución de proyectos, que es un problema gerencial que no se puede resolver desde Bogotá. Dejar los Pdet en manos de los alcaldes y gobernadores tampoco es la solución. Son muchos recursos, y la política local debe ser parte del proceso, pero no la protagonista. Un programa de esta naturaleza no es la prioridad de los ministerios, así digan lo contrario.

Hay que pensar en fórmulas diferentes. El Gobierno debería identificar a 16 ciudadanos de gran credibilidad en cada una de estas regiones –como lo fue Luis Carlos Villegas a la cabeza del Forec, para la reconstrucción del Eje Cafetero– para liderar estos planes. También puede apoyarse en instituciones ya existentes, como la Federación de Cafeteros, para realizar la gerencia en ciertas zonas como el sur del Tolima, el macizo colombiano, las sierras Nevada y del Perijá, y el mismo Catatumbo.

Cuando pase la emergencia actual, no habrá agenda más importante para la prosperidad futura del país que convertir los Pdet en realizaciones tangibles y concretas.

P. D.: En el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado ayer se propone una reforma tributaria que aporte 20 billones de pesos a partir de 2022, la cual debe ser tramitada en 2021. Aunque hay que darles el beneficio de la duda a las autoridades, considero que será necesario suavizar el ajuste previsto para 2022, cuando se inicia un nuevo gobierno.

La renuncia de la ministra de Energía es una gran pérdida para el gobierno. El país dio un enorme salto en materia de energías renovables como resultado de su gestión.

Mauricio Cárdenas

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